PLAN REINDUS
El fraude Bahía Competitiva fue una trama consentida desde los despachos del PSOE
La juez concluye la instrucción del caso diez años después y destaca en su auto que no hubo ningún criterio técnico de control en la gestión de las ayudas públicas
Sitúa al exdirector de la oficina del Plan Bahía, el socialista Antonio Perales, y al empresario gallego Alejandro Dávila Ouviña como sus máximos responsables
La juez del juzgado número 4 de Cádiz, Lourdes del Río , ha conluido la instrucción del denominado 'caso Bahía Competitiva' que estalló en 2010 al detectarse un fraude de más de 14 millones de euros en ayudas a la reindustrialización de Cádiz . El auto de la jueza emitido el pasado 14 de octubre destaca, tras una década de investigación y declaraciones a una veintena de implicados, que no hubo ningún criterio de contrrol en la gestión de estas ayudas otorgadas por el Ministerio de Industria a través del Plan Reindus y gestionadas por la Agencia IDEA, entidad dependiente de la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía, y por el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT) de Diputación.
Sus máximos responsables, según el auto judicial, no activaron protocolos previos para controlar, por un lado, la ayuda económica y, por otro, a sus beneificiarios. Esta fue una de las causas que permitió al empresario gallego Alejandro Dávila Ouviña recibir subvenciones públicas para tres proyectos industriales en la provincia que nunca vieron la luz y que situaron al municipio de Alcalá de los Gazules como blanco de las supuestas inversiones. Este municipio, cuna del socialismo gaditano, tuvo un trato de favor preferente, según el auto, por parte de los gestores del Plan Bahía y de la propia Diputación de Cádiz, entonces gobernada por el socialista Francisco González Cabaña. La juez es clara en su auto y señala la existencia de múltiples irregularidades en la gestión de las ayudas
Por el despacho de la titular del juzgado número 4 de Cádiz, Lourdes del Río, han pasado durante los últimos nueve años una veintena de investigados y testigos entre políticos, técnicos y empresarios . Las últimas declaraciones datan de noviembre de 2017. Una de las primeras personas que pasó por el despacho de la magistrada fue la exdiputada del PSOE y exresponsable del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT) de Diputación, María José Valencia , que tuvo que explicar cómo era el proceso de selección y posterior concesión de ayudas. Por el juzgado de San José también paso el exgerente del IEDT, Teodoro Garrido , y la jefa de servicio, Adelaida Moares , además de la que fuera responsable de la Agencia IDEA, Rosa Mellado , y el director de la oficina del Plan Bahía Competitiva, Antonio Perales . En 2104 la lista de investigados se extiendió hasta el exconsejero de Innovación, Franciso Vallejo , y la exdelegada provincial de Economía, la socialista Angelines Ortiz .
El auto de la juez imputa a 29 personas de las 34 que estaban investigadas
El auto de la juez declara ahora como imputados a 29 personas de los 34 investigados, entre ellas, Antonio Perales, exgerente de la oficina Bahía Competitiva, María José Valencia , diputada de Empleo y responsable entonces del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT), Rosa Mellado , directora de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) Rosa Rodríguez , representante de la oficina de Bahía Competitiva en la comisión evaluadora de las ayudas; Teodoro Garrido , exgerente del IEDT; Adelaida Moares , jefa de servicio entonces del IEDT,; Gema Herrera , asesora en la gerencia provincial de la Agencia IDEA y nuera del exconsejero socialista Luis Pizarro; y Teodoro Clavijo y Rosa Barreiro , técnicos de la Diputación de Cádiz, respectivamente, que se encargaban de la baremación de los proyectos que solicitaban la ayuda pública. Según la magistrada, este es el núcleo político y técnico encargado de facilitar las ayudas . Igualmente, sitúa también como cerebro de la trama al empresario Alejandro Dávila Ouviña , beneficiario de las subvenciones.
Cádiz bajo sospecha
Cabe recordar que este fraude, detectado en abril de 2011 tras requerir el Ministerio de Industria la justificación de 14 millones de euros en subvenciones, obligó en 2012 a endurecer las reglas del juego para conceder nuevas ayudas públicas a la reindustrialización de la Bahía de Cádiz. A partir de entonces, la Administración central obligó a los aspirantes a presentar avales bancarios para hacerse con un pellizco de estas ayudas y, además, redujo las competencias de la Diputación de Cádiz para la baremación de los proyectos empresariales que optaban a ellas.
El 'caso Bahía Competitiva' estalló en la primavera de 2011 y llegó a los juzgados a finales de ese año tras exigir Industria la justificación de una de las ayudas concedidas y denunciar la propia Junta un presunto fraude. El 3 de noviembre de 2011 agentes de la UDYCO detuvieron en la localidad de A Pobra, en la costa coruñesa, a Manuel Alejandro Dávila Ouviña . En verano de ese año, el BOE hizo pública la resolución del Ministerio de Industria por la cual se ordenaba el reintegro de 14,5 millones de euros concedidos a tres empresas en el marco del Plan Reindus para la creación de actividad empresarial y empleo en la Bahía de Cádiz.
Las tres sociedades que solicitaron ese paquete de ayudas públicas venían del brazo de Ouviña, que no tuvo éxito con la administración gallega y que, sin embargo, logró convencer a los responsables políticos de la provincia para canalizar esas subvenciones en Cádiz. Le otorgaron ese dinero en las convocatorias de 2009 y 2010 y también para que once empresas suyas volvieran a probar suerte al año siguiente.
La detención aquel día de Ouviña y de siete personas más fue solo la primera parte de una investigación que nació en abril, cuando la Junta acudió a la Fiscalía de Sevilla para denunciar un posible fraude en las ayudas a la reindustrialización. Ouviña había presentado un aval bancario falsificado entre los documentos para solicitar las ayudas de 2011. Además, rastreando en los proyectos del gallego, la Administración autonómica comprobó que tres de sus sociedades ( Cádiz Solar, Aquandalucía y Soluciones Tecnológicas Ambientales) habían incumplido sus intenciones de abrir empresas que se deberían dedicar a la construcción de acumuladores eficientes, a la reutilización de los restos del sector pesquero y a la monitorización de la calidad del agua.
Tras ordenarse las detenciones y registros y acordarse el envío a prisión de Ouviña y de un empleado suyo, las actuaciones fueron derivadas al juzgado nº 4 de Cádiz, que acaba de concluir ahora su instrucción con 29 imputados y sin aparecer el dinero defraudado.
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