La Diputación de Cádiz solicita reformular la propuesta de las 'tarjetas monedero'

LA VOZ

22/05/2020 a las 13:38h.

Compartir

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iniciar sesión

La Diputación de Cádiz ha remitido un escrito a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación donde argumenta la imposibilidad de acceder a la petición de la Junta de ofrecer datos de familias en situación de emergencia social por parte de los Servicios Sociales Comunitarios, para incluirlas dentro de su programa de 'tarjetas monedero' , y solicita que «se retire la propuesta tal cual se ha lanzado o se reformule para que respete el marco normativo de las competencias de las entidades locales ».

El escrito, firmado por el diputado de Bienestar Social, David de la Encina, requiere que desde la Junta de Andalucía se aumente la dotación presupuestaria para los Servicios Sociales Comunitarios y que no se debilite el sistema público, según ha señalado la Diputación en una nota.

Asimismo, solicita que se reduzca la burocracia de los procedimientos administrativos para poder acceder a recursos sociales y que «se garantice una atención social normalizadora e integradora a las personas, que no reste autonomía a las administraciones locales ni se reste competencias a los trabajadores sociales de los Servicios Sociales Comunitarios».

Con esta respuesta, la entidad provincial ha querido mostrar un «contundente apoyo al Consejo de Trabajadores Sociales, ya que el plan de la Junta y su programa de 'tarjetas monedero' chocan frontalmente con las competencias fundamentales de los Servicios Sociales Comunitarios», según ha explicado el diputado de Bienestar Social.

Hasta ocho líneas argumentales desarrolla el escrito contrarias a este procedimiento de cesión de datos a la Consejería, entre las que se incluyen la Ley de Protección de Datos, asunto delicado por la naturaleza especialmente sensible de esta información de familias vulnerables y a la que pondrían tener acceso terceras personas ajenas a la administración pública; la falta de un marco normativo que avale esta petición; o la pérdida de competencias en el proceso de ayudas sociales por parte de las administraciones locales.

Desde la Diputación se ha expresado que esta iniciativa requeriría de un proyecto normativo, como exige el artículo 57 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía, conocida como Laula. También podría contravenir la Ley de Servicios Sociales de Andalucía.

Así, Diputación ha manifestado sus dudas ante el trasvase de datos personales de alta sensibilidad, que pueden incluso «ser cedidos a entidades del voluntariado, lo cual podría contravenir la muy restrictiva Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales». Todo ello para incorporarlos a un proyecto `Historia Social Única electrónica de Andalucía' que aún no se encuentra aprobado.

En el escrito, David de la Encina ha explicado que este plan desvirtúa el valor de los servicios sociales comunitarios, que dejan de ser el primer nivel de referencia para la valoración de las necesidades y garantía de la universalidad y proximidad en el acceso a asesoría y ayuda. Además, «no se cumple el mandato legal de que la valoración de las situaciones de urgencia sólo puede llevarse a cabo desde los Servicios Sociales Comunitarios», ha recalcado.

La Diputación ha expuesto sus reparos sobre la actual formulación de este proyecto de la Junta de Andalucía por la pérdida de valor del informe social como documento de referencia para el acceso a ayudas sociales, el papel que ha de adoptar el voluntariado o el hecho de encomendar la gestión de ayudas a sociales a personas ajenas a la administración pública.

Ver comentarios (0)

Reportar un error