FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
Los cursos para parados en Cádiz chocan con la Intervención de la Junta
El órgano fiscalizador detecta errores en el proceso lo que retrasa la convocatoria que estaba prevista para este mes
La nueva etapa de la formación para el empleo se topa con el primer obstáculo aún sin haber arrancado. La Intervención de la Junta ha puesto reparos a la convocatoria que se ha presentado para la provincia de Cádiz justo en el paso previo a la adjudicación de los cursos. Así lo ha reconocido la delegada territorial de Empleo, Gema Pérez , que ha mostrado su confianza en que ese problema «pueda ser resuelto cuanto antes». Sin embargo no maneja una fecha concreta para ello, pues hay que volver a enviarla y aguardar el nuevo dictamen de este órgano fiscalizador. La responsable provincial avanza que «ya ha habido contactos con la Intervención General para poder salvar todos los reparos», pero «seguimos sin resolución».
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Tras cinco años sin un sólo curso, este nuevo retraso supone una varapalo tanto para los desempleados como para las academias, entidades y colectivos que aspiran a impartirlos. También para la propia administración, que ha renovado por completo el sistema con una nueva orden y criterios mucho más exigentes. Con todo ello se pretende evitar el descontrol que ha sido patente en etapas anteriores y que ha terminado con una investigación por un supuesto fraude masivo en los juzgados de todas las provincias andaluzas.
Fernando López Gil y Gema Pérez
Fuentes técnicas de la Delegación provincial han aclarado que esos errores « no son irregularidades, sino defectos como no haber comprobado que una entidad está al día en el pago de los seguros sociales o que no se haya realizado bien un cálculo de puntuación o de presupuesto». Las fuentes consultadas han destacado que «en estos momentos se está trabajando de manera intensiva en la nueva convocatoria » que tiene que pasar otra vez por las manos de la Intervención. La intención -añaden- es que ese trámite esté resuelto lo antes posible para que los cursos puedan comenzar a la vez en toda la comunidad.
Cádiz no es la única que se ha visto en esta tesitura, otras tres provincias más se han topado con el departamento fiscalizador que, tras lo vivido en el pasado, parece poner un mayor celo en este asunto. No obstante, defienden que «estamos en plazo» a pesar de que los cuatro meses que dieron para evaluar todas las propuestas ya se han agotado. Según indican desde la Delegación provincial, ese tiempo se amplió y abarcaría hasta abril.
Una inversión en el aire
En todo caso, el no disponer de resolución, como sí tienen desde el pasado diciembre Córdoba, Huelva y Jaén , supone iniciar las clases mucho más tarde de lo previsto, pues una vez se cuente con el visto bueno, las academias, asociaciones, ayuntamientos y sindicatos que van a impartirlos tendrán que hacer la selección de alumnos y el profesorado, un proceso que también lleva aparejado un plazo amplio. Varios solicitantes que aún siguen a la espera de una respuesta de la Junta aseguran a este medio que « podríamos encajarnos en el verano tras cinco años y medio sin desarrollar políticas activas de empleo y una tasa de paro que no ha bajado del 30%». Las entidades que han sido consultadas lamentan que «el nuevo sistema también se tope con la Intervención» y que en este tiempo no se hayan depurado los errores, porque «las provincias que no han tenido problemas tienen su resolución desde el 2 de diciembre, mientras que aquí seguimos como al principio».
Pero eso no quiere decir que estos territorios vayan a comenzar antes, pues la administración aún no ha hecho el adelanto del 25% del dinero para comenzar a dar las clases y es posible que esa transferencia llegue a todos por igual. Cabe destacar que Cádiz es una de las que más cantidad ha recibido en función de su nivel de desempleo. Ese fue uno de los criterios a la hora de distribuir los recursos que superan los veinte millones , de los que 12,4 millones irán a la Formación Profesional para el Empleo, la que se ha visto afectada por los reparos de la Intervención y otros 8,5 millones para escuelas taller y talleres de empleo.
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