Los desahucios bajan en Cádiz aunque su impacto todavía es de cuatro al día

La estela de los desahucios sigue viva en la provincia, aunque el ritmo de actuaciones judiciales contra los impagados se ha desacelerado con respecto a los años más duros de la crisis . No obstante, el miedo a perder la vivienda es latente en una provincia que aún arrastra el 32% de tasa de desempleo . El número de ejecuciones disminuyó el año pasado con respecto al anterior. Si en 2015, los juzgados gaditanos ordenaron con sentencia firme un total de 1.501 lanzamientos, en 2016, la cifra fue de 1.373, lo que equivale a 3,7 ejecuciones al día, de ellas 669 fueron por impagos de hipoteca, 631 por impago de la renta de alquiler y 73 por otros motivos. La consecuencia más inmediata del paro es, precisamente, la imposibilidad de que las familias puedan asumir los recibos del coste de vivienda.

Ha sido la justicia europea la que en dos ocasiones ha enmendado la plana a la justicia española en este asunto. Así, en marzo de 2013 fue el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) el que dictaminó que la legislación española sobre desahucios vulneraba la normativa comunitaria al no garantizar a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas . La institución comunitaria consideró entonces que el régimen procesal español menoscababa la efectividad de la protección de los consumidores que pretende garantizar la directiva europea sobre cláusulas abusivas en los contratos. La legislación europea se opuso a que una normativa nacional, como la española, impedía al juez competente adoptar medidas cautelares, como la suspensión del procedimiento de ejecución de una hipoteca, «cuando sean necesarias para garantizar la plena eficacia de su decisión final». Este fallo judicial del Alto Tribunal europeo marcó un antes y un después en la ejecución de los desahucios. Los jueces empezaron a revisar con más detenimiento los expedientes y a frenar algunos de ellos

La sentencia del Tribunal de Luxemburgo respondía así a una cuestión presentada por el juzgado mercantil de Barcelona, que debía dirimir una denuncia presentada por un ciudadano contra CatalunyaCaixa, que forzó su expulsión de la vivienda que ocupaba desde enero de 2011 por impago de la hipoteca. El ciudadano en cuestión solicitó que se declara nula una de las cláusulas del préstamo hipotecario y que, en consecuencia, el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria fuera considerado también nulo.

El segundo varapalo de la justicia europea a la española tuvo lugar el pasado enero, cuando Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio po¬testad a los jueces es¬pañoles para anular las cláu¬sulas de ven¬ci¬miento an¬ti¬ci¬pado de las hi¬po¬te¬cas, que han lle¬vado a miles de fa¬mi¬lias a la ca¬lle. Estas cláusulas, integradas en la inmensa mayoría de los préstamos por vivienda registrados en nuestro país, establecen que si un usuario no paga una cuota, el banco puede imponer unilateralmente el término del contrato hipotecario, exigiendo la devolución de todo el capital prestado antes del plazo acordado. Si no se lleva a cabo el pago, procede ejecutar el desahucio.

Las advertencias europeas han servido en cierto modo para contener la avalancha de expedientes que llegaban a los juzgados. Si en 2008 la cifra de solicitudes de lanzamiento era de 614, en 2015, el año de más expedientes tramitados, el número ascendía a 2.359. Precisamente, el 30 de noviembre de 2015, el alcalde de Cádiz, José María González, y el decano de los jueces de Cádiz, Pablo López , firmaron el denominado protocolo anidesahucios que, lejos de ser una barrera a las decisiones de los juzgados, ha servido de herramienta a las administraciones públicas para reaccionar con antelación ante un desalojo. Este documento permite a los servicios sociales ganar tiempo en la búsqueda de alternativas para las familias afectadas. Sin embargo, el protocolo no ha logrado erradicar, en absoluto, el procedimiento abierto.

Uno de los casos más singulares se pudo advertir en el pleno municipal del pasado marzo cuando la pareja formada por Juan Antonio Albiol y Tamara Escarena paralizaron la sesión reclamando el amparo del alcalde ante su angustiosa situación. Ambos, sin trabajo y casi sin vivienda, le suplicaron al alcalde que cumpliera con sus promesas, sin embargo, el regidor respondió que no podía cometer un delito. La pareja estaba sumida en la ruina tras empeñar su dinero del subsidio de paro en un negocio que tuvieron que cerrar. Juan Antonio y Tamara volvieron al pleno a pedir ayuda en abril y repitieron la misma escena en julio, sin embargo, en esta última ocasión fueron desalojados.