Educación
Cádiz necesita 7.800 docentes y 21 millones al mes para bajar la ratio a 15 alumnos
La medida propuesta por el Gobierno para afrontar el curso 2020-2021 con garantías contra el Covid-19 tendría un alto coste económico
Un grupo de niños pequeños durante una clase.
La seguridad tiene un precio. Así se desprende de un minucioso estudio elaborado por el sindicato Comisiones Obreras para analizar y cuantificar la puesta en marcha de una de las medidas estrella anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para afrontar con garantías el nuevo curso académico en los colegios españoles.
El proyecto diseñado por el Ministerio de Educación para afrontar la nueva situación escolar creada por el coronavirus pasa, entre otras cosas, por bajar la ratio de alumnos a 15 alumnos o, en caso de que no fuese posible, a un máximo de 20 estudiantes por aula. Pero, ¿cuál sería el coste de esta medida para las arcas públicas?.
Según el documento presentado por la fuerza sindical, bajar la ratio a los niveles aconsejados por el Estado supondría la contratación de hasta 50.000 docentes en toda Andalucía y un coste económico de 155 millones de euros al mes.
El estudio, que se realiza en base a la media de ratio de las aulas, determina que los únicos niveles que no requieren una inversión extra en este tema son las unidades de Educación Especial, con otros problemas específicos para mantener la distancia física, y las de Formación Profesional Básica. En el resto de niveles educativos las ratios andaluzas son siempre superiores a las estatales y requieren una clara inversión para posibilitar la escolarización presencial el próximo curso. Es destacable que incluso en las aulas de dos años de las escuelas infantiles, la ratio media actual lo es de 20 escolares. Además, en estos niveles educativos se suman otras dificultades por la escasa edad de los menores y los problemas para evitar un contacto entre ellos.
En la provincia de Cádiz, estos datos supondrían un total de 7.863 docentes, así como un desembolso de 21 millones de euros al mes por parte de la administración autonómica. Sólo con esta inversión, se garantizaría que los centros públicos bajasen sus ratios a lo recomendable. Por niveles, estos aumentos de personal serían de 698 contratos para el segundo ciclo de Educación Infantil, 1.858 para Primaria , 3.396 para Secundaria y 1.254 para Bachillerato . A estas cifras habría que añadirles también 307 docentes para Formación Profesional de Grado Medio , así como otros 350 para la Formación Profesional de Grado Superior .
Sin duda, números importantes que está llevando a la Junta a pedir recursos económicos para hacer frente a la situación en la educación. Desde el ente regional apuntan a la inviabilidad del sistema actual para adaptarse a la nueva normalidad con recursos propios, ya que hay que tener en cuenta que el 80% del presupuesto de la Consejería de Educación va destinado al pago de las nóminas del profesorado. Así lo denunciaban precisamente los responsables autonómicos, que demandaban un plan económico de acompañamiento al documento con las instrucciones educativas dicatadas desde el Ministerio de Educación. Sin embargo, a día de hoy el Gobierno central aún no ha informado de los fondos va a destinar a las comunidades autonómas para abordar los gastos extras del curso 2020/2021 marcado por la crisis del coronavirus.
Cierre de unidades
No obstante, desde el sindicato CCOO aseguran que la medida es viable y puede llevarse a cabo. Según el Secretario General del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Cádiz, Sebastián Alcón , «en vez de hacer uso de la reducción de natalidad para bajar la ratio, la Administración Educativa –independientemente del signo político–, ha venido suprimiendo unidades escolares, básicamente públicas. Por ello, ante la situación actual, es de irresponsables que la Consejería de Educación esté notificando a los centros educativos la supresión de unidades escolares públicas para el próximo curso, incluso de centros escolares completos. Sólo en el presente curso escolar, la Educación andaluza recortó 240 aulas de Educación Infantil y 754 de Educación Primaria».
En la provincia, una de las localidades más afectadas volverá a ser la capital gaditana, donde antes del inicio del período de escolarización ya se anunció el cierre del Colegio Público de la Institución Provincial. La Diputación Provincial decidió no renovar el convenio de colaboración con la Consejería de Educación y poner fin a un centro que se había convertido en uno de los pocos exponentes de la enseñanza pública en la zona. Además, en esta última semana se ha comunicado el cierre de varias unidades en Educación Infantil que afecta a los colegios Tierno Galván y La Inmaculada.
Igualmente, en el estudio se hace hincapié en que el refuerzo de las medidas de higiene conllevará también repercusiones sobre otros costes y sobre el personal de administración y servicios (PAS), sobre todo si se produce un desdoblamiento de las unidades con jornadas en horarios distintos o si se disponen de otras instalaciones para uso escolar extraordinario, además del personal educativo complementario que esta situación requiere. No obstante, a día de hoy la Junta de Andalucía no contempla este escenario. De momento, el departamento de Imbroda insiste en volver a las aulas en la fecha habitual en el mes de septiembre y en condiciones de normalidad.
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