Aforo completo y conformidades en el primer día del juicio por el caso 'Obra Nueva'

Más de una treintena de acusados, con su treintena de abogados correspondiente, se daba este lunes cita por la mañana en la Audiencia Provincial de Cádiz para asistir al juicio que se celebrará durante varias semanas en la sede judicial gaditana por el caso ‘Obra Nueva’ , uno de los escándalos urbanístícos más sonados de los últimos tiempos en la provincia.

Este procedimiento se refiere a una investigación que en el año 2007 destapó en Chiclana una presunta trama dedicada a la compra de fincas en suelo no urbanizable , sobre las que los imputados –arquitectos, arquitectos técnicos, delineantes, tasadores, constructores, inmobiliarias, compradores, empleados de banca... –realizaban o permitieron el trámite de escrituras públicas en las que declaraban la existencia de obras nuevas que en realidad no existían con el supuesto objetivo de que estas viviendas irregulares pudieran eludir el ser demolidas o que sus propietarios no fueran sancionados.

El juicio comenzaba con la decisión de que la vista se celebrara en dos salas interconectadas entre sí debido al gran número de procesados y a la imposibilidad de poder mantener las distancias de seguridad establecidas por el Covid.

Trece de los 38 procesados en la causa decidieron llegar a un acuerdo de conformidad con el Ministerio Fiscal y asumir los hechos que se les imputan, lo que reducirá de forma ostensible el aforo para las próximas sesiones que quedan.

Así, estos investigados, en gran medida los compradores de estas viviendas, han asumido su responsabilidad aunque sus penas han resultado minimizadas debido a las dilaciones (el procedimiento se ha prolongado catorce años) y también a la prescripción de algunos de estos delitos. En algunos casos el castigo se queda en multas económicas, a razón de seis euros diarios durante dos meses, y a tres meses de prisión, suspendida por ser inferior a los dos años.

Sin embargo, los máximos implicados, como el arquitecto, tasador, inmobiliarias... han decidido seguir adelante con el juicio que está previsto que se prolongue hasta el próximo mes.

Como recuerda la Fiscalía en su escrito de calificación, los hechos se remontan a los años 2006 y 2007. Los acusados reseñados adquirieron fincas en suelo rural de Chiclana sobre las que se procedía al otorga miento de escrituras públicas que declaraban la existencia de obras nuevas, que en realidad no existían. Para ello contaban con la participación de arquitectos y arquitectos técnicos que emitían los pertinentes certificados falsos donde hacían constar que las fincas transmitidas contaban con edificaciones y que éstas tenían más de cinco años de antigüedad. El objetivo era que, por el transcurso de los plazos de prescripción, no pudiera desarrollarse contra estas viviendas ilegales actuación alguna sancionadora o de restablecimiento de la legalidad como por ejemplo órdenes de derribo.