Arranca en la Audiencia el juicio por el 'caso Obra Nueva', la trama sobre viviendas ilegales de Chiclana

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial acoge desde este lunes el juicio de uno de los mayores escándalos que se dieron en el orden urbanístico de la provincia. Se trata del conocido como 'caso Obra Nueva' que destapó en 2007 una presunta trama dedicada a la compra de fincas en suelo no urbanizable en Chiclana , sobre las que los imputados realizaban escrituras públicas en las que declaraban la existencia de obras nuevas que en realidad no existían con el supuesto objetivo de que estas viviendas ilegales pudieran eludir el ser demolidas.

Entre los cuarenta procesados se encuentra algún arquitecto, varios aparejadores, tasadores y empleados de banca. La Fiscalía acusa finalmente a cuarenta personas como supuestos autores de los delitos de falsedad en documento oficial y falsedad en documentos privados. La Fiscalía solicita para los investigados penas que van desde los 2 años y 3 meses de prisión a los 6 meses.

Como recuerda la Fiscalía los hechos se remontan a los años 2006 y 2007 . Los acusados reseñados adquirieron fincas en suelo rural de Chiclana sobre las que se procedía al otorgamiento de escrituras públicas que declaraban la existencia de obras nuevas, que en realidad no existían. Para ello contaban con la participación de arquitectos y arquitectos técnicos que emitían los pertinentes certificados falsos donde hacían constar que las fincas transmitidas contaban con edificaciones y que éstas tenían más de cinco años de antigüedad. El objetivo era que, por el transcurso de los plazos de prescripción, no pudiera desarrollarse contra estas viviendas ilegales actuación alguna sancionadora o de restablecimiento de la legalidad como por ejemplo órdenes de derribo.

A continuación, los acusados procedían a la división horizontal, parcelaban la finca matriz y, en ocasiones, vendían las parcelas resultantes.

En la medida en que en algunos de estos terrenos no había edificaciones, se ofrecía a los acusados compradores financiación para construirlas «sin problemas» ya que la prueba de su existencia ya se había resuelto con las escrituras y su inscripción en el registro de la propiedad.

Según la investigación, este último trámite lo lograban a través de solicitudes de crédito hipotecario en determinadas sucursales bancarias con informes de tasación falsos en los que se describían y valoraban viviendas inexistentes, logrando así la constitución de dichas hipotecas, cuando en realidad lo que estaban obteniendo era el dinero necesario para su edificación. Todo ello, como indica la acusación, se hacía, con pleno conocimiento y en connivencia por parte de los adquirentes investigados y con perjuicio económico de las entidades bancarias concesionarias del préstamo hipotecario.

La investigación, que realizó el Equipo Contra la Delincuencia Urbanística de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, se puso en marcha en mayo de 2007, después de que un particular presentara una denuncia ante el Ministerio Público. Al parecer, este vecino había dado un poder notarial a un corredor inmobiliario para que le vendiera una de esas fincas. Sin embargo, al tiempo se dio cuenta que habían falsificado sus datos y los habían usado para vender otras casas ubicadas en otra parcela segregada mientras que en sus terrenos no se había construido nada.