La Policía detiene a otros dos presuntos miembros de la red de extorsión de ETA

La Policía Nacional detuvo ayer en San Sebastián y Cestona (Guipúzcoa) por orden del juez Baltasar Garzón a otros dos sospechosos de actuar como intermediarios en la red etarra de cobro del impuesto revolucionario que la Audiencia Nacional desmantela desde el pasado 20 de junio. Garzón mantiene imputados como miembros de la red de extorsión de ETA en España y en el sur de Francia a 14 personas -sin contar los detenidos ayer-, y a dos empresarios navarros del sector de la construcción, que presuntamente aceptaron el chantaje de la organización criminal después del alto el fuego.

Los detenidos son Pablo María Muñoz, un irundarra de 65 años que dirige el periódico navarro Diario de Noticias, y Jesús Iruretagoyena de la Fuente, de 66 años y nacido en Santander. El segundo de los arrestados fue condenado en 1981 por colaborar con ETA y ha estado vinculado a la banda terrorista en sus diferentes etapas históricas, especialmente con el cobro del impuesto revolucionario, según un portavoz del Ministerio del Interior.

El juez Fernando Grande-Marlaska, que precedió a Garzón en la instrucción judicial, incluyó a Muñoz e Iruretagoyena en la lista de once intermediarios vinculados a la red de extorsión en España, de los que ya están todos detenidos salvo Juan Carlos Iriarte Pérez y Justo Azcue Zaldúa. El magistrado indicó que los presuntos intermediarios, liderados por Joseba Elosúa desde el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), tenían como cometido «ponerse en contacto con el extorsionado, activar procesos de negociación, articular plazos y vías seguras de pago, entregar recibos y poner en circulación cartas de extorsión, recibiendo en ocasiones dinero».

Muñoz fue arrestado en San Sebastián e Iruretagoyena en Cestona, donde los agentes policiales registraron sus domicilios e intervinieron diversa documentación que comenzaron a analizar ayer. Los arrestados, acusados de colaboración con banda armada, fueron trasladados ayer a las dependencias centrales del Servicio de Información en Madrid para ser después puestos a disposición de Garzón, en la Audiencia Nacional.

Los investigadores consideran que el responsable del Diario de Noticias, que con anterioridad dirigió el diario Egin, clausurado por orden judicial en 2003, «realizó funciones de mediación entre empresarios navarros y la citada red de extorsión etarra por encargo de otros miembros ya detenidos de la red», según señaló el portavoz de Interior, por lo que la policía concluye que «forma parte de esta estructura».

Grabaciones

Las fuentes policiales indicaron que hay grabaciones de conversaciones de los imputados en las que se le cita como un intermediario y que otro de los detenidos, Jean Pierre Harocarene, que dijo ser su amigo, señaló que Muñoz mediaba en el pago de una extorsión por el empresario navarro J. Marticorena. Muñoz, el fin de semana pasado, nada más conocer que la Audiencia Nacional le incluía en sus autos, negó las acusaciones. «Jamás he participado en ninguna intermediación por extorsión de empresario alguno», afirmó y añadió que considera «inmoral e injustificable negociar, facilitar o amparar el pago de cantidad alguna a ninguna organización terrorista».

El Ministerio de Interior cree que las investigaciones han permitido acreditar que Iruretagoyena es «la persona de contacto para intermediar, en representación de la red organizada de extorsión de ETA, en el cobro a los empresarios de su zona de asentamiento», el área guipuzcoano de Zumaya y poblaciones limítrofes.

Mientras se producían las detenciones en Guipúzcoa, Garzón citó en su despacho a la mujer y al hijo de Joseba Elosúa, para realizar una diligencia dentro de la pieza separada que investiga la posibilidad de que miembros de la Policía Nacional se pusiesen en contacto, el pasado 4 de mayo, con el cabecilla de la red de extorsión en España y le contasen la operación policial que se iba a ejecutar.

Vigilancia

Los micrófonos instalados en el coche de Elosúa captaron cómo explicaba a su cuñado que el 4 de mayo una persona le esperó junto a la puerta de su casa de Irún, le dio un teléfono móvil a través del cual una segunda persona le contó que era vigilado y que la justicia iba a ordenar su detención y la de todos sus colaboradores.

Garzón, con presencia del fiscal, mostró a la mujer y al hijo de Elosúa un taco de fotografías de miembros de la Policía Nacional implicados en la investigación antiterrorista. Según las fuentes consultadas, los dos imputados negaron conocer a ninguno de los agentes. La misma prueba de identificaron se repetirá hoy con el propio Joseba Elosúa, que aunque ayer fue trasladado de la cárcel a la Audiencia Nacional no pudo declarar al no estar presente su abogado.