La Policía impide por orden del juez Marlaska una rueda de prensa de Batasuna en Navarra

La Policía Nacional irrumpió ayer en la rueda de prensa que ofrecían varios dirigentes de la ilegalizada Batasuna en un hotel de Pamplona e impidió la continuación del acto por orden expresa del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, magistrado que el pasado mes de enero prorrogó por dos años la suspensión de actividades de la coalición ilegalizada por el Tribunal Supremo.

Un secretario judicial, acompañado por tres policías, interrumpió la rueda de prensa cuando intervenía en euskera el responsable de Batasuna en Navarra, Juan Cruz Aldasoro, y conminó al resto de miembros de la mesa nacional y a sus acompañantes a abandonar el hotel, en cuyos accesos esperaban varias furgonetas con agentes de las unidades antidisturbios, que no intervinieron.

En la Audiencia Nacional, el caso Batasuna ha pasado a ser responsabilidad de un fiscal de la máxima confianza del fiscal jefe. Javier Zaragoza y su equipo consideran que las actuaciones públicas de dirigentes de Batasuna no violan la suspensión de actividades decretada en su día.

En este sentido, fuentes judiciales señalaron que los fiscales de la Audiencia Nacional están en desacuerdo con que el juez prohibiera la rueda de prensa, por lo que no tienen previsto solicitar la comparecencia de nadie en la Audiencia Nacional por estos hechos. Entienden que los dirigentes del partido ilegalizado sólo actuaron en uso de su derecho a la libertad de expresión.

Suspensión total

La sala del hotel, según el informe de la Unidad Central de Inteligencia manejado por el juez, había sido alquilada días antes por Pernando Barrena, uno de los portavoces del partido proscrito y quien iba a ser el protagonista principal en la rueda de prensa.

Grande-Marlaska, en la resolución en la que ordena la intervención policial, señala que la celebración del acto vulneraría la suspensión total de actividades de Batasuna por dos años que él mismo dictó el pasado 17 de enero. Aquella disposición, en el punto 2.b de su parte dispositiva, especifica que el partido ilegalizado en 2003 por el Tribunal Supremo no podrá organizar o desarrollar durante el plazo citado acto público alguno.

El magistrado ya constató el pasado 1 de junio -cuando dejó en libertad a Arnaldo Otegi y a otros siete dirigentes de Batasuna-, que «dicha organización sigue actuando -pese a la prohibición- en la vida pública» y, lo que es más importante para la presente y futuras actuaciones policiales, que «sus dirigentes actúan en su calidad de 'mahaikides' de la mesa nacional y nunca en el ejercicio de derechos civiles y políticos individuales», no condicionados por la investigación penal ni por la ilegalización del Supremo.

El juez instructor del caso Batasuna mantiene que la certeza de que los miembros de la mesa nacional actúan siempre en público en nombre de su partido y no como simples ciudadanos la obtuvo de las palabras en tal sentido expresadas por el coordinador de Batasuna, Joseba Permach, en la entrevista que el 25 de mayo le concedió a Radio Euskadi.

Esta certeza fue la que el 1 de junio pasado le llevó a ordenar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que «adopten las debidas medidas para evitar la celebración» de comparecencias públicas de dirigentes del partido proscrito y «su desarrollo, en caso de haberse iniciado», orden que ayer se concretó en el hotel de Pamplona. Los dirigentes de Batasuna, que abandonaron el local entre gritos de Gora Euskalherria askatuta (Viva Euskalherria libre), mostraron su sorpresa por la actuación judicial. Barrena se quejó ante los periodistas de que «esta actuación no se corresponde en absoluto con los tiempos políticos» y denunció que «nadie, en su sano juicio puede comprender a estas alturas que cuando todos los agentes políticos del país han mostrado disposición a hablar con todos, incluida Batasuna, un juez se dedique a este tipo de labor de sabotaje de las condiciones que se están creando para afianzar este tipo político y para que verdaderamente podamos conocer un nuevo escenario de soluciones a la mayor brevedad posible».

Mientras Barrena se quejaba de la «represión», su compañero en la mesa nacional Juan Cruz Aldasoro afirmó que «los esbirros» del delegado del Gobierno en Navarra «van a impedir una vez más que la izquierda abertzale haga propuestas de paz a Euskalherria», a lo que añadió que, pese a lo ocurrido, «no nos van a callar».

Nuevo fiscal

En la Audiencia Nacional, el caso Batasuna ha pasado a ser responsabilidad de un fiscal de la máxima confianza del fiscal jefe. Javier Zaragoza, en una junta de fiscales celebrada el martes, decidió que el sumario que investiga la relación de Batasuna con ETA pase a ser responsabilidad de Juan Antonio García Jabaloy. García Jabaloy pertenece como su jefe a la Unión Progresista de Fiscales.

El cambio de fiscal asignado al caso coincidió con un cambio radical en la manera en que la Fiscalía aborda la actuación de los líderes del partido ilegalizado, que se plasmó el jueves pasado en la petición de libertad para los ocho miembros de la mesa nacional de Batasuna que habían sido citados en la Audiencia Nacional.