El Gobierno vincula la oleada de delincuencia con el «déficit» de policías heredado del PP

La vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, vinculó ayer la oleada de delincuencia organizada que se vive en las últimas semanas en varios puntos de España a la falta de policías y guardias civiles debido al «tremendo» déficit en las plantillas heredado de los ocho años de gobierno del Partido Popular.

Esa avalancha de criminalidad, sobre todo asaltos violentos en viviendas de Cataluña, llegó ayer al Consejo de Ministros, donde el titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, presentó un informe sobre la acción de las fuerzas de Seguridad españolas contra el crimen organizado.

Fernández de la Vega defendió la gestión del Gobierno para intentar frenar esta escalada de delincuencia. Recordó el «aumento palpable» de medidas puestas en marcha para combatir estas mafias y las cifras de grupos organizados desmantelados en el último año, si bien reconoció que la mejora de la seguridad aún no es «suficiente».

«No eludimos nuestra responsabilidad», señaló antes de insistir en el aumento de la «eficacia policial» en los últimos años. «Es cierto que hay bandas organizadas en España, pero también que tenemos más recursos, más coordinación y más información al servicio de los ciudadanos».

Descenso de las plantillas

Según la vicepresidenta, esta mejora en la seguridad pública está lastrada, sin embargo, por el descenso de las plantillas en el Cuerpo Nacional de Policía y en la Guardia Civil durante las dos legislaturas del PP. La número dos del Ejecutivo señaló que el objetivo de Interior ahora es «recuperar» el número de efectivos que estaban en la calle en 1996, cuando el Gobierno de Aznar llegó al poder.

María Teresa Fernández de la Vega acusó a los gobiernos del PP de haber permitido un «muy importante déficit» de agentes a pesar de las continuas denuncias de los socialistas, entonces en la oposición. En esa línea, aseguró que el Gobierno de Aznar sólo entre 2002 y 2004 comenzó a «recuperar algunas plazas» de las centenares que se perdieron cada año por culpa de las jubilaciones y el envejecimiento de las plantillas. «No se hizo una apuesta por los medios públicos para combatir la inseguridad» durante la etapa popular, apostilló la vicepresidenta.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Fernández de la Vega también explicó algunos de los extremos del despliegue de la Guardia Civil para reforzar la seguridad en las zonas de Cataluña azotadas por el crimen organizado. Confirmó que Interior enviará a 367 guardias a patrullar en las urbanizaciones asoladas y restó importancia al hecho de que se trate de agentes en prácticas. «Están perfectamente preparados», zanjó.

La vicepresidenta rechazó que el refuerzo en Cataluña pueda llevar emparejado el descenso de efectivos para vigilar zonas de otras comunidades autónomas que son objetivo de las bandas criminales internacionales. Explicó que la intención del Ejecutivo es «redistribuir en todas las comunidades autónomas» los nuevos agentes, aunque insistió en que llevará tiempo contrarrestar el «enorme descenso» de efectivos de las dos legislaturas anteriores. De la Vega salió así al paso de las críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que se quejó del envío de efectivos a Cataluña mientras, a su juicio, se desatiende la sierra madrileña.

La vicepresidenta confirmó la intención del Gobierno de poner en marcha cuanto antes el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) en el que volcar las informaciones sobre las mafias en poder de los distintos cuerpos de seguridad y del CNI.

Además, anunció que antes de finales de año el Ejecutivo presentará sendos proyectos de ley para aumentar el control en las comunicaciones electrónicas (e-mails) y para seguir los movimientos de las tarjetas telefónicas de prepago utilizadas por las bandas de crimen organizado y por los terroristas.