CÁDIZ
El expresidente de la Diputación de Cádiz ha acudido a los juzgados gaditanos para declarar como testigo sobre el fraude al plan de reindustrialización tras el cierre de Delphi
20.05.14 - 00:42 -
Francisco González Cabaña en el Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz, esta mañana. | A. VÁZQUEZ
Hoy ha arrancado un nuevo capítulo del 'caso Bahía Competitiva', un serial que comenzó hace casi tres años y con el que la Justicia pretende depurar las posibles responsabilidades penales de todos los actores que acabaron con el fraude a las subvenciones públicas concedidas para la reindustrialización de la Bahía tras el cierre de la factoría Delphi.
Esta mañana, pasadas las diez, ha entrado en el Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz el expresidente de la Diputación de Cádiz, Francisco González Cabaña. Ha hecho solo el ya tradicional paseíllo por San José y ha mostrado su buena disposición para declarar ya que desea «contribuir a esclarecer el 'caso Bahía Competitiva'», ha afirmado a la entrada. Además de la de González Cabaña, hoy no hay pendiente ninguna otra declaración. La jueza Lourdes del Río tendrá así tiempo suficiente para preguntar cuál fue su papel en la toma de decisiones sobre a qué empresas se les concedían una subvenciones sobre las que la Junta había liberado previamente del control que ejercían los avales financieros, requisito indispensable en ayudas anteriores.
González Cabaña se ha ratificado en su declaración anterior y ha insistido ante la jueza que nunca dio instrucción políticas para modificar baremaciones ni que los técnicos así lo hicieron. Además ha arremetido contra el PP ya que asegura que han querido «politizar» este asunto en plena campaña electoral.
Cabe apuntar que en caso de que Del Río quisiera imputar a González Cabaña tras el testimonio de hoy tendría que trasladar el caso al Tribunal Supremo.
Tras la declaración como imputada de la exdelegada provincial de Innovación, Ciencia y Empresa, Angelines Ortiz (quien previamente acudió al juzgado también como testigo) la declaración de González Cabaña será clave para aclarar las últimas acusaciones vertidas por técnicos como Teodoro Clavijo, quien señaló ante la jueza el pasado 30 de enero, que «modificó la baremación de Alestis» para que accediera a subvenciones «por presiones», y apuntó directamente hacia el exgerente del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de la Diputación de Cádiz, Teodoro Garrido, como responsable de estas «presiones», tras recibir «orden del entonces presidente de la Diputación, Francisco González Cabaña», algo que el mismo Garrido ya negó rotundamente.
González Cabaña ya aseguró a LA VOZ hace meses que no teme su imputación, pero sí se mostró preocupado por la de los «técnicos» de la entidad provincial, «porque ellos han desarrollado su labor con un tremendo celo, tal y como apuntaron en un informe en el que avisaban de que había demasiada concentración de ayudas en unas cuantas empresas y en una determinada zona». González Cabaña aseguró que él siempre «se basó en su trabajo y por eso no estoy imputado, por mucho que le pese a alguno», resumió en julio de 2013 el histórico socialista, quien guarda su condición de aforado por ser diputado.
