La consejera para la Igualdad y Bienestar Social en funciones, Micaela Navarro, ha señalado este jueves que Andalucía no percibirá este año 70,7 millones de euros que le corresponderían debido a la eliminación de la financiación del llamado nivel acordado por parte del Gobierno central que premiaba a las comunidades más comprometidas con la implantación del sistema, y que en total suponía un desembolso de 283 millones de euros para todas ellas.
Al término del pleno del Consejo Territorial de la Dependencia, la consejera ha lamentado que «el mayor castigo» por esta medida es para Andalucía , pues este fondo se repartía en función de las personas atendidas. Asimismo ha precisado que con este recorte la Ley de Dependencia queda «gravemente herida», al suprimirse una de las vías de financiación.
En declaraciones a los periodistas, Navarro ha dicho que las comunidades autónomas no pueden «cubrir el hueco que deja la financiación del Estado» y ha lamentado irse de la reunión, como llegó a la misma, sin saber si «hay posibilidad de recuperar esa parte de financiación» perdida. Al respecto, ha subrayado que con 283 millones de euros menos de presupuesto que el año anterior y más personas a atender, la calidad y el número de atendidos, se resentirán.
Por otro lado, se ha referido a la creación de cuatro grupos de trabajo en las que se incorporan todas las comunidades autónomas, y en los que se pretende hacer una evaluación del desarrollo de la ley para «ser más eficaces e intentar optimizar de modo que no signifique recortar o retroceder en los derechos ya reconocidos».
Al respecto de la revisión del catálogo de prestaciones para que haya menos ayudas en el entorno familiar, la consejera ha recordado que la propia filosofía de la ley ya marcaba que las ayudas económicas para los cuidados en el entorno familiar tenían que ser «excepcionales» pero, «se han convertido en la norma», ha lamentado.
En esa línea, ha abogado por apostar por la atención a través de la prestación de servicios, ya que esto garantiza mayor calidad en la atención, genera empleo y, por ello, «retornos que a la larga podrían hacer viable el desarrollo de la ley». Además, ha subrayado que hay comunidades autónomas en las que las ayudas económicas para cuidados en el entorno familiar suponen más del 70% de las prestaciones, lo que no ocurre en Andalucía , que es de las regiones con un menor porcentaje en ese sentido, menos del 45%.
