La Fiscalía General del Estado no es partidaria de abrir una investigación general sobre los supuestos casos de bebés robados por una red organizada entre los años 50 y 90, algunos de ellos ocurridos, supuestamente, en Cádiz. El Ministerio Público considera que el órgano competente para conocer los casos denunciados son las fiscalías provinciales. Piensa que cada hecho debe ser tramitado en el lugar donde ocurrió, por lo que es probable que la denuncia colectiva presentada el pasado semana por la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) acabe parcelada por toda la geografía española, según fuentes fiscales.
Anadir presentó el pasado jueves ante la Fiscalía General una denuncia colectiva con 261 casos documentados de supuestos bebes robados en hospitales a los que se había dado por muertos. Reclamó al fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, que abriera una investigación para identificar a los responsables de una red que actuó en toda España, sobre todo entre los años 50 y 90, dedicaba a la compra venta de niños.
La secretaria técnica del Ministerio Público está analizando caso por caso la demanda y tiene previsto contestar a los denunciantes cuando concluya. No obstante, la respuesta parece clara: las fiscalías territoriales son competentes para abrir diligencias. Y la razón no es otra que en la actualidad existen al menos cuatro órganos provinciales con investigaciones abiertas sobre bebés robados. Se tratan de las Fiscalías de Cádiz , Algeciras, Málaga y Huelva, que ya han solicitado a la Policía Judicial que tramite las denuncias.
'La plataforma de afectados sobre los casos de niños robados', que actúa de forma paralela a Anadir, defiende que el órgano competente para investigar los hechos debería ser la Audiencia Nacional. Considera que dada la naturaleza de los casos -los niños robados en una ciudad podrían haber acabado en otro lugar- obliga a abrir una causa general, pero la Fiscalía de ese tribunal ya respondió en diciembre que no iba a estudiar ningún caso dado las dudas sobre la prescripción de los supuestos delitos denunciados: secuestro ilegal, falsedad documental, etc.
