CRISIS DEL CORONAVIRUS
¿Pueden las empresas gaditanas pedir un ERTE por la crisis del coronavirus?
En la comunidad andaluza se han solicitado casi 500 expedientes de regulación temporal del empleo en apenas 24 horas
La crisis que ha generado el coronavirus en todo el país está haciendo que se resienta notablemente la economía en todos los niveles. Más allá de las consecuencias sanitarias que está causando (prioridad absoluta en este momento), las empresas y los trabajadores ya se están viendo damnificados cuando apenas han pasado dos días desde que se decretase el estado de alarma.
En Cádiz ya se están empezando a notar estas consecuencias . Y es que ya hay empresas que han pedido un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), otras que lo están planteando a corto plazo e incluso alguna que ha obligado a sus trabajadores a tomarse vacaciones forzosas durante dos semanas.
A día de hoy, son pocos los gaditanos que no viven con la incertidumbre de qué va a ocurrir con sus trabajos o con sus empresas a corto y medio plazo. Precisamente ERTE se ha convertido, con permiso de coronavirus, en una de las palabras de moda, aunque no todo el mundo tiene claro en qué consiste o qué consecuencias tiene.
¿Qué es un ERTE?
Un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) permite al empresario suspender el contrato de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, y está regulado por el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos .
Además, el ERTE no solo contempla la suspensión de los contratos, sino también la reducción de la jornada con una disminución temporal de entre un 10 y un 70%.
Acciona, empresa que presta servicios de limpieza en la localidad gaditana de Sotogrande , ya ha presentado un ERTE, aunque no ha sido la única. Y es que en apenas 24 horas, en la comunidad andaluza se han registrado casi 500 expediente de regulación temporal del empleo según ha dado a conocer Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía.
Marín ha explicado que «las cifras de este tipo de expedientes se han disparado» y de los 120 que se contabilizaban este pasado lunes por la mañana se han pasado a los casi 500 en 24 horas porque «las empresas buscan el amparo de la Administración».
En este sentido, el vicepresidente ha señalado que «tenemos la obligación de contestar en un corto plazo de tiempo y estamos reforzando nuestro servicio jurídico de empleo. Vamos a mirar escrupulosamente cada uno de estos ERTE; no todo cabe en este momento». Hasta la fecha, la mayoría de las empresas que han iniciado este tipo de expedientes son pymes.
Antonio Garamendi, presidente de la COE, ha apuntado que ve posible en los próximos días «una avalancha» de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), una medida que trata de «proteger los empleos», porque con ella «la gente no se va a la calle, se va a su casa » para después volver a las empresas.
En este sentido, Garamendi se ha mostrado cauto y ha asegurado que esta medida es «pasajera, temporal, para proteger los empleos, no destruirlos », de forma que, una vez que pase esta crisis, «habrá que ponerse las pilas para ver cómo incorporamos de nuevo urgentemente a toda la gente al mundo del trabajo».
Derecho al paro
Todos los trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) debido a esta crisis por el COVID-19 tendrán derecho a percibir la prestación contributiva por desempleo . Además, ese tiempo consumido de paro no contará como gastado.
Destacar además que los ERTE de suspensión de contrato o reducción de jornada se considerarán de fuerza mayor si son causados por las medidas adoptadas para combatir la epidemia de coronavirus y se resolverán en un plazo máximo de siete días.
Con el objetivo de facilitar el proceso, el decreto-ley que aprobará este martes el Gobierno establece un procedimiento que simplifica los requisitos , de manera que las empresas que quieran acogerse a este tipo de ERTE tendrán que remitir a la autoridad laboral un informe que vincule su solicitud con las medidas del Gobierno que le han perjudicado.
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