Cádiz
Una asamblea de la Policía Local confirmará este jueves el regreso al enfrentamiento
La reunión de los sindicatos con más seguimiento en la plantilla formaliza este lunes que consideran un desafío el cambio de postura del alcalde
Protesta de los sindicatos de la Policía Local ante el Ayuntamiento de Cádiz en junio de 2021.
La Policía Local de Cádiz vuelve a las hostilidades contra el Gobierno local. Si alguna vez las abandonó. Tras tres años de conflicto por la falta de actualización de condiciones y remuneraciones en su plantilla (a través de la célebre RPT o Relación de Puestos de Trabajo), el cuerpo policial y la Delegación de Personal (encabezada por Demetrio Quirós) habían alcanzado un acuerdo de hecho que propició un notable acercamiento desde principios de año hasta la pasada semana, cuando todo saltó por los aires.
Desde el pasado enero, el cruce de reproches y descalificaciones había desaparecido. La Policía Local volvía gradualmente a recuperar una actividad que no había tenido desde 2019, para resaltar este conflicto, y había un pacto sobre la mesa.
Esta paz se ha ido al traste. Una reunión de los dos sindicatos principales de la Policía Local de Cádiz, SPL y UPLB, este lunes en Cádiz ha terminado con el anuncio de una asamblea en la tarde del jueves . En ese próximo encuentro, que tiene el éxito garantizado porque entre ambas siglas reúnen más del 95% de la plantilla, se someterá a votación el reinicio de las movilizaciones, volver a la situación anterior a la tregua de los últimos tres meses.
En principio, según fuentes sindicales, las protestas consistirán en concentraciones, manifestaciones y en la renuncia a realizar trabajos de carácter voluntario (playas, seguridad en eventos, convocatorias y fiestas, controles de ruido, velocidad y perros...), es decir, volver a la misma situación vivida entre 2019 y las últimas semanas de 2021. Los representantes de la plantilla policial consideran «una traición intolerable », un gesto de «autoritarismo inexplicable», que el alcalde haya dado marcha atrás en el acuerdo que ya estaba cerrado, incluso incluido en los presupuestos municipales este mismo mes de mayo.
Ese entendimiento supone -según el sindicato Autonomía Obrera (AO), denunciante y detonante del encontronazo general entre centrales con el Ayuntamiento atrapado entre las partes- un millón de euros de las arcas municipales. Para los sindicatos de la Policía Local, ese pacto violado no supone ningún abuso ni privilegio y simplemente viene a «garantizar la cobertura de los servicios extraordinarios, a regular situaciones que ya se daban». Estas mismas fuentes aseguran que se trata de reglamentar el pago de servicios que se han ofrecido durante mucho tiempo sin ningún tipo de compensación , como los mencionados de playas, e incluso la atención a víctimas de género.
La mecha que ha reventado la tregua
El origen de este nuevo conflicto -o de la reaparición del mismo conflicto existente hasta finales de 2021- está en la denuncia del sindicato Autonomía Obrera. Este colectivo incluso llegó a impugnar los presupuestos municipales aprobados hace dos semanas, tras descartarse esta traba. El colectivo sindical justificaba este paso con la acusación de que las cuentas consagraban e incluían un trato de favor a la Policía Local.
Concretamente, Autonomía Obrera (AO) hablaba de unos complementos salariales acordados en enero con la Policía Local por el Ayuntamiento tras el conflicto que se ha prolongado durante tres años con una especie de huelga encubierta y la suspensión de numerosos servicios como trasfondo. Para AO, este pacto «se comía» todo el incremento presupuestario en las cuentas municipales de Cádiz, recién aprobadas, y las lastraba.
Esta denuncia consideraba el acuerdo como un trato de favor, un privilegio , hacia la Policía Local que supondría además un agravio comparativo para el resto de la plantilla municipal. El presupuesto de un ayuntamiento, aseguraba el sindicato «debe contener las normas de aplicación a todo el personal funcionario cuyas retribuciones se efectúen con cargo al Capítulo I del presupuesto [...] No permitiremos que se mantenga y se potencie económicamente el anexo que solo afecta a las condiciones especiales de la Policía Local, para seguir camuflando un convenio exclusivo de este colectivo».
Autonomía Obrera calificaba de «barbaridad» e «irregularidad» la inclusión en su momento de dicho anexo «que no deja de ser un acuerdo económico que solo afecta a 250 policías locales a costa de ningunear, menospreciar y condenar al resto de funcionarios, que son más de 750». La denuncia decía ampararse en los hechos y en un agravio comparativo intolerable que otorga un millón de euros a mejoras salariales de la Policía Local (una cuarta parte de la plantilla municipal) mientras niega mejoras reclamadas por los 750 trabajadores restantes.
La acusación sindical detallaba que la aplicación de ese millón de euros en mejoras salariales podía suponer en algunos casos que un agente vaya a percibir «45.000 euros anuales» más «por hacer el mismo trabajo , lo hagan o no lo hagan, cobrando dedicaciones por triplicado y todo ello sin ni siquiera hacer la jornada de un funcionario de 37 horas y media, y no solo a los policías básicos, también a todos los mandos, que se capultan a la órbita salarial a costa del resto de funcionarios».
AO hacía especial hincapié en las mejoras salariales de «inspectores e intendente , y no digamos las del intendente mayor y el superintendente». En este apartado detallaba que recibirían «la 'dedicación exclusiva' que corresponde a 7.330 euros anuales, además de la 'especial dedicación', que corresponde a 40 horas semanales que no hacen y por la que perciben 3.000 euros. Ahora incluyen un nuevo complemento de 'localización permanente y guardias' de 2.547 euros».
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