El 4 de noviembre de 2011, en plena campaña electoral, en el Palacio de Congresos de Cádiz, los nostálgicos del PSOE tuvieron el presunto privilegio de ver juntos por última vez a Felipe González, José Antonio Griñán y Manuel Chaves.
Los expertos en intrigas socialistas (que son muchas y antiguas, sobre todo en suelo gaditano) aseguraban por entonces que su distanciamiento era evidente, que cada uno tenía una forma distinta de entender y asimilar el caso ERE, que Chaves era más dado a negar y a avanzar mientras que Griñán estaba por asumir y marcharse.
Las distintas posturas les convertían en oponentes. Uno comprometía al otro con la divergencia y viceversa. Casi cuatro años después, cuando sus distintas formas de ver el escándalo del fraude multimillonario ha degenerado en caminos distintos, resulta que vuelve a unirles el Tribunal Supremo.
El Tribunal Supremo les inculpa por igual. Aprecia indicios de prevaricación, de ser responsables por acción u omisión de un sistema ilegal consistente en ocultar, a través de transferencias de financiación, lo que en realidad eran subvenciones con el fin de eludir los controles legales. El instructor sostiene que la trama provocó un «descontrol» de cientos de millones de euros y que ambos dirigentes fueron advertidos, además de ser responsables.
Todo eso, según el magistrado, sucedió sin pausa entre 2000 y 2010, por cierto con Susana Díaz como miembro de esos gobiernos autonómicos. Demasiado tiempo, demasiado dinero, demasiada estupefacción ciudadana como para no dar explicaciones.
Aquel distanciamiento de Cádiz estaría bien para los analistas políticos. Los andaluces necesitan mucho más.
