El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz acordó el lunes instar a la Junta de Andalucía a aclarar la situación en que se encuentra la Ley de la Dependencia, así como a asegurar los recursos económicos y humanos para el correcto desarrollo de la misma. Esta petición se deriva, según dijo la concejala de Servicios Sociales, Carmen Sánchez, de la paralización de la tramitación de los expedientes de 336 gaditanos.
Los datos fueron ayer contestados por la Junta de Andalucía, cuya respuesta habla de una situación muy diferente a la que describe el equipo de Gobierno local. Así, desde la Delegación Territorial de Salud, Igualdad y Políticas Sociales, dirigida por Miriam Alconchel, se sostiene que, «con carácter general, se está produciendo un desarrollo sostenido de las valoraciones de reconocimiento de la situación de dependencia en la ciudad de Cádiz, hasta el punto que el 95,64 % de las solicitudes presentadas en lo que va de año 2014 tienen reconocida situación de dependencia».
El Ayuntamiento de Cádiz también denunciaba impagos a las empresas que realizan trabajos asistenciales, poniendo el ejemplo de Afanas, a la que se deberían «700.000 euros». La Junta también contradice esta información, diciendo que «en cuanto a la deuda con las entidades prestadoras de los servicios de atención residencial y unidades de estancia diurna se ha realizado un importante esfuerzo por parte de la Junta, que a final del mes de septiembre abordó el pago de aproximadamente 52 millones de euros en Andalucía, y en el caso de la provincia de Cádiz se realizaron pagos por un total de 5.794.238,70 euros». Sobre la deuda con la entidad Afanas Cádiz, dicen que «actualmente es inferior, correspondiente a facturas de agosto y septiembre y que se está trabajando por abonar».
Por último, respecto al capítulo de personal, la Junta saca a relucir el acuerdo de 14 de Enero de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se le asignan al Ayuntamiento de Cádiz un total de 163.817 euros para la contratación de trabajadores sociales en este ámbito, es decir, para realizar funciones en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Además desde la implantación del sistema en 2007 se refuerza a los servicios comunitarios de Cádiz con tres trabajadores sociales de la Junta para la elaboración de los programas individuales de atención (PIA). En este sentido, sobre la reclamación de más personal, la Delegación recuerda que el Ayuntamiento, pese a haber recibido los fondos del Plan Concertado para mantener a los 24 trabajadores sociales, optó por despedirlos.
