Un año después de que el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz aprobara por unanimidad solicitar a la Junta de Andalucía la puesta en marcha de un plan de empleo especial para la ciudad de Cádiz, no hay noticias al respecto.
Por eso, el teniente de alcaldesa de Fomento, Bruno García, ha anunciado hoy que llevarán al Pleno Municipal del próximo lunes una propuesta encaminada a que el Ayuntamiento vuelva a instar a la Junta a la puesta en marcha de este plan tan necesario para Cádiz. En ese sentido, ha insistido en que desde el Ayuntamiento de Cádiz no se va a permitir que la cuestión «quede en el olvido».
Desde que la propuesta original se presentara en el mes de diciembre de 2013, el equipo de Gobierno ha hecho llegar a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y a la Consejería de Empleo el borrador de este plan por varias vías, pero ninguna ha sido efectiva hasta ahora. En el ofrecimiento que hacía el Consistorio gaditano se proponía la cofinanciación del plan, de forma que el Ayuntamiento pondría el 30% de sus coste y la Junta el 70% restante, «a pesar de que las competencias en materia de empleo son exclusivamente autonómicas», ha recalcado García.
Del mismo modo, el PP propondrá en el Pleno al resto de grupo de la Corporación que apoyen su intención de solicitar a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz permiso para entregarle los currículum que este verano entregaron en el IFEF cientos de desempleados del sector de la construcción para que llegasen a la empresa constructora de los pisos del solar de la antigua Comandancia de la Guardia Civil. En este caso, la APBC se los podría hacer llegar a la empresa adjudicataria de la obra de construcción del acceso que unirá la factoría de Navantia con la nueva terminal de contenedores, que cuenta con un presupuesto de 24 millones de euros. Bruno García ha recordado que en este caso, como dicta la legalidad, tampoco en el pliego de condiciones de la obra se especifica que tengan preferencia a la hora de ser contratados los trabajadores de Cádiz, algo que, sin embargo, «pide de forma constante la oposición a este equipo de Gobierno y que ellos, cuando tienen oportunidad, tampoco hacen, porque no se puede».
En otro orden de cosas, el equipo de Gobierno va a volver a pedir a la Junta de Andalucía, y más concretamente a la Consejería de Turismo, dirigida por Izquierda Unida, que haga efectivo el compromiso suscrito con el Ayuntamiento en el año 2011 para desarrollar el Plan Turístico del Bicentenario. Una vez que pasó la fecha y el Ayuntamiento ya había realizado algunos de los proyectos que le habían sido aprobados, la Junta se echó atrás y el compromiso ha pasado de cinco millones de euros a solo 250.000 euros. No obstante, este dinero, que el viceconsejero de Turismo dijo a la alcaldesa que se pagaría este mismo año, aún no ha llegado. La intención municipal es utilizar esos 250.000 euros para terminar la rehabilitación del torreón de las Puertas de Tierra.
También pedirá el PP apoyo al resto de grupos del Pleno Municipal para instar al Gobierno andaluz a que aclare la situación de la ley de la Dependencia en la comunidad, garantizando los recursos económicos para seguir desarrollándola y a la vez pedirle que dote al Ayuntamiento de medio humanos para ello. Otra propuesta va orientada a instar a la Junta a que se eche a trás en su intención de dar un uso administrativo a los suelos de la antgua fábrica de Altadis, puesto que «con la carencia de espacios insdustriales que tiene Cádiz, todos los suelos que estén destinados a esta actividad tienen que dedicarse a ella», dijo Bruno García. Cabe recordar que la Junta de Andalucía maneja la opción de trasladar a estos terrenos la Ciudad de la Justicia.
Por último, habrá una propuesta para pedir al ISE que salde su deuda con las empresas encargadas en los colegios de Cádiz de desarrollar las actividades de tipo extraescolar. Según ha dicho el concejal Pablo Chaves, la deuda contraída con empresas de este tipo en la capital está entre los 300.000 y los 400.000 euros, después de siete, ocho meses y hasta un año, en algunos casos, sin abonar las partidas correspondientes. Esto, dice Chaves, pone en peligro 300 puestos de trabajo en la ciudad.
