Interior remite a la Audiencia los homenajes a seis etarras

El Ministerio del Interior ha remitido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional informes sobre seis recibimientos a etarras tras ser excarcelados en cumplimiento de la sentencia de Estrasburgo que derogó la 'doctrina Parot'. Según han informado fuentes de la lucha antiterrorista, se trata de Inmaculada Pacho Martín, en Bilbao; Juan Manuel Piriz López, también en Bilbao; Juan Ignacio Delgado Goñi, en Legazpi (Guipúzcoa), Javier Martínez, en Usansolo (Vizcaya), Pagoa Zulueta Vázquez, en Leioa (Vizcaya) y José Legorburu Guerediaga, en Amorebieta (Vizcaya).

El primero tuvo lugar el pasado 28 de octubre tras la salida del etarra Juan Manuel Piriz López, quien llegó a las 12.30 en un vuelo procedente de Málaga al aeropuerto de Loiu, donde le recibió un grupo de entre 30 y 40 personas con carteles de Gestoras Pro Amnistía y Etxerat. La Delegación del Gobierno del País Vasco denunció que en ese acto estuvo presente el histórico dirigente de la izquierda abertzale, Tasio Erkizia.

A Piriz López le siguieron otros cinco casos que las fuerzas de seguridad y el Ministerio del Interior consideran que puede ser constitutivo de enaltecimiento etarra. Uno de los que ha generado más rechazo es el que tuvo lugar este miércoles en el barrio de Usansolo en Galdakao (Vizcaya). En ese municipio, Francisco Javier Martínez, 'Javi de Usansolo', asesino del niño Fabio Moreno, fue recibido con el lanzamiento de cohetes, aplausos y pancartas a favor de los presos.

También con cohetes, repicar de campanas y la presencia de decenas de personas fue recibido Juan Ignacio Delgado Goñi en Legazpi (Guipúzcoa). Inmaculada Pacho Martín fue recibida también este miércoles entre aplausos en el Casco Viejo de Bilbao abrazada y jaleada por varias decenas de personas. Esta terrorista fue condenada a 500 años de cárcel cuatro atentados, entre ellos a la comisaría de Burgos, seis asesinatos frustrados y 48 delitos de lesiones.

Hasta dos años de cárcel

Estos hechos podrían vulnerar lo previsto en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo. También podría contravenir la Ley del Parlamento vasco 4/2008, de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo e incluso ser constitutiva de delito al vulnerar, entre otros, el artículo 578 del Código Penal, castigado con hasta dos años de cárcel.

El Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz también ha remitido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional el recibimiento a Pagoa Zulueta Vázquez el pasado domingo. Varias decenas de personas se concentraron en una plaza de Leioa donde desplegaron una pancarta con la leyenda "Ongi Etorri Pagoa" (Bienvenido Pagoa) acompañada de una foto del preso. El sexto caso denunciado es el de José Legorburu Guerediaga, en Amorebieta (Vizcaya).

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha explicado que cada vez que un etarra es excarcelado, este dato se pone en conocimiento de las respectivas Delegaciones de Gobierno del País Vasco o Navarra, en función del origen del preso. El objetivo es que desde las Delegaciones de Gobierno activen dentro de sus competencias los recursos necesarios para evitar este tipo de homenajes y en caso de que se produzcan, comunicarlos. "Desde el primero momento Interior ha tenido plena conciencia de que el margen de actuación que le correspondía era evitar a toda costa actos de enaltecimiento y humillación a las víctimas y en caso de detectarse ponerlo en conocimiento y eso es exactamente lo que se ha hecho", ha dicho el 'número dos' de Interior.

"Indicios racionales de criminalidad"

Esta mañana, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en una entrevista en Onda Cero, ha tachado de "indignante" y "aberrante" que se estén produciendo estos homenajes. Gallardón ha dejado claro que, a juicio del Gobierno, en esos actos hay "indicios racionales de criminalidad".

Gallardón ha aprovechado para pedir a los grupos parlamentarios, ante la indignación que están provocando las excarcelaciones de criminales, violadores y asesinos en serie, que reflexionen seriamente y apoyen la prisión permanente revisable en la reforma del Código Penal.

El caso de Miguel Ricart

Gallardón también ha deseado que la Audiencia Provincial de Valencia siga el criterio de la Abogacía del Estado y no decrete la excarcelación del único condenado por el asesinato de las niñas de Alcàsser, Miguel Ricart.

El ministro ha confiado en que, a la hora de aplicar a Ricart la sentencia del Tribunal Estrasburgo contra la 'doctrina Parot' en el caso de la etarra Inés del Río, los jueces entiendan que hay una diferenciación a la hora de poner en práctica esta doctrina a partir de 2006.

Preguntado si el Gobierno no podía haber actuado de manera similar para evitar la excarcelación de otros criminales, el ministro ha asegurado que lo ha hecho en todos los casos en los que ha podido. Según él, de esa manera se cumple el compromiso de que no habría aplicación generalizada de la sentencia de Estrasburgo, sino que sus efectos se estudiarían caso por caso.

Gallardón ha asegurado que al Gobierno, como a los ciudadanos, le "duele" la sentencia y la excarcelación de terroristas y criminales, pero ha recalcado que no hay más remedio que aplicarla. Es más, ha subrayado que "en un momento en que hay otros riesgos para España", un Estado de Derecho no puede "declararse insumiso" respecto a los que deciden los tribunales internacionales, que son los amparan la legalidad y la "integridad territorial".

El ministro ha justificado también la rapidez con la que las Audiencias Provinciales han decretado las excarcelaciones -más de 60 terroristas y criminales en un mes-, argumentando que hay doctrina reiterada del Tribunal Constitucional que dice que las causas con presos deben tramitarse de manera prioritaria, y "es lo que se está haciendo, con mucho dolor".

Al hilo de la "indignación y temor" que han provocado las excarcelaciones, Gallardón ha defendido la reforma del Código Penal que se analizará en el Congreso dentro de dos semanas y ha pedido a los grupos que hagan una "profunda reflexión" y apoyen la prisión permanente revisable, "porque hasta ahora los únicos que han tenido dolor permanente han sido las víctimas", mientras que la responsabilidad penal caducaba.

El ministro ha defendido que, además de saldar la deuda con la sociedad, debe garantizarse que los criminales "no van a volver a delinquir, por arrepentimiento o por curación", de manera que hasta entonces no deben obtener la libertad.