Esperanza Aguirre pide declarar por escrito

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha pedido declarar por escrito en el caso Gürtel acogiéndose a su derecho, al ser aforada cuando se produjeron los hechos investigados, o sea las adjudicaciones a la trama corrupta durante los gobiernos regionales que presidió. El juez Pablo Ruz ha dado traslado a las partes de la petición de Aguirre para que en tres días le presenten las preguntas a realizar a la testigo.

La decisión del juez Pablo Ruz de interrogar a la expresidenta de la comunidad de Madrid sobre Gürtel después de cinco años de instrucción viene provocada por ella misma. Aguirre, en unas recientes declaraciones públicas, aseguró que había sido ella la que había prohibido expresamente al exviceconsejero de Presidencia Alberto López-Viejo contratar con Easy Concept, la empresa de eventos de Correa que se llevó decenas de miles de euros en adjudicaciones públicas. López Viejo –imputado por prevaricación, cohecho, malversación y delito fiscal- fue el cargo público que, con mucho, más benefició a Correa y los suyos con contrataciones a dedo saltándose todas las normas, según recuerda el instructor.

La petición para que Aguirre compareciera fue realizada por el Partido Socialista de Boadilla del Monte (Madrid) al entender que esas declaraciones denotaban que la expresidenta regional debía tener conocimiento directo, cuando no participación, de la forma en que se contrataban las empresas de sus actos públicos.

Sin embargo, según el magistrado, "de las diligencias hasta ahora practicadas no resulta indicio alguno de participación o consentimiento por parte de Esperanza Aguirre en la irregular operativa de contratación llevada a cabo por la Comunidad de Madrid a lo largo de los años objeto de investigación". Por ello, descarta citarla como imputada, tal y como reclamaban los socialistas, si bien considera que su testimonio en esta causa como testigo resulta "necesaria, útil e idónea". Para Ruz, el interrogatorio de Aguirre arrojará luz sobre "la supuesta instrucción o indicación que el imputado López Viejo habría recibido de prohibición de contratación de actos y eventos con la mercantil Easy Concept".

Encantada

Aguirre, que al poco de conocer su citación se declaró en Twitter "encantada de colaborar con la justicia", puede ir directamente a declarar en la Audiencia Nacional o acogerse a su derecho de explicarse por escrito, ya que deberá a responder a hechos en los que era presidenta de la Comunidad de Madrid y, por tanto, puede hacer uso de esa prebenda. El magistrado decidió llamar a la actual presidenta del PP madrileño a pesar de la oposición de la Fiscalía Anticorrupción, que , que no creía que el interrogatorio de Aguirre en la fase actual de la investigación aporte nada nuevo porque cualquiera de sus declaraciones contra López Viejo no sería más que reiterativas dado que son innumerables los testigos que ya han señalado al exconsjero como el hombre clave de Correa dentro de la administración regional.

De hecho, Pablo Ruz se despacha en su auto de citación de Aguirre contra su exconsejero. El magistrado apunta que López Viejo recibió “cuantiosos pagos” de Gürtel “como consecuencia de la adjudicación irregular de actos y contratos públicos por distintas entidades y consejerías de la Comunidad Autónoma de Madrid". Él habría participado activamente en la práctica de fraccionar los contratos y amañar los concursos para adjudicar a las empresas de Correa, a cambio de entre el 5 y 11,5% de esos contratos. Y todo ello, a través de “sociedades pantalla o velo” tras las que siempre se ocultaba el jefe de la trama Gürtel. Ruz también recuerda el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que reveló la existencia en la comunidad de “un operativo de contratación pública llevado a cabo por diferentes entidades y consejerías que se habría apartado de los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia".

Ese informe reveló que la inmensa mayoría de contratos firmados por la Comunidad de Madrid con la trama Gürtel para la organización de actos y eventos institucionales fueron irregulares. Según ese segundo estudio, un total de 15 empresas de Correa que organizaron actos entre 2004 y 2008 se llevaron del Gobierno de Aguirre un total de 6.484.080 euros gracias a 686 adjudicaciones, de las cuales 657 fueron tramitadas como contratos menores para evitar el concurso público.

5,3 millones de euros

Por el procedimiento de estas adjudicaciones de pequeños trabajos a dedo, la trama Gürtel consiguió más de 5,3 millones de euros. "De forma habitual -explicaba el informe- el objeto del contrato ha sido fraccionado en varios servicios siempre de cuantía inferior a los 12.020 euros con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requerimientos de publicidad y concurso". Auxilio Judicial aseguraba haber "acreditado" que el Gobierno de Aguirre recurrió a la partición de contratos para poder dar a dedo las adjudicaciones a Correa en 114 actos y eventos institucionales. Según los cálculos del interventor, al menos 3,1 de los 5,3 millones, el 69% del total, que cobraron las empresas Gürtel por estos trabajos fueron fraccionados.