Ruz llama a declarar como testigo a Esperanza Aguirre

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado a declarar como testigo en el 'caso Gürtel' a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. El magistrado, en su resolución, cree indispensable escuchar a la dirigente popular porque era la máxima responsable de la Comunidad de Madrid cuando el entonces viceconsejero de Presidencia Alberto López-Viejo cerró decenas de contratos con la trama corrupta que dirigía Francisco Correa.

Según el magistrado, "de las diligencias hasta ahora practicadas no resulta indicio alguno de participación o consentimiento por parte de la Sra. Aguirre Gil de Biedma en la irregular operativa de contratación llevada a cabo por la Comunidad de Madrid a lo largo de los años objeto de investigación”, por lo que descarta citarla como imputada.

No obstante, cree “necesario” escuchar a la expresidenta sobre todo para saber si Aguirre prohibió a López Viejo, como asegura, contratar con las empresas de Correa. El juez da a la también presidenta del PP madrileño la oportunidad de declarar por escrito.

Según un informe de la Unidad de Auxilio Judicial entregado el pasado mayo a Ruz, la inmensa mayoría de contratos firmados por los gobiernos que presidía Esperanza Aguirre con la trama Gürtel para la organización de actos y eventos institucionales fueron irregulares. Ese documento apuntaba que la práctica totalidad de consejerías del Ejecutivo regional, con la Vicepresidencia de Ignacio González a la cabeza, contrataron a empresas de Francisco Correa saltándose la ley, fraccionando contratos para evitar el concurso público o pagando facturas sin que siquiera figurara el trabajo o el servicio realizado.

Según el estudio que firmaba el interventor del Estado, Juan Carlos Gómez Condado, a petición del magistrado Ruz, un total de 15 empresas de Correa que organizaron actos entre 2004 y 2008 se llevaron del Gobierno de Aguirre un total de 6.484.080 euros gracias a 686 adjudicaciones, de las cuales 657 fueron tramitadas como contratos menores para evitar el concurso público.

Por el procedimiento de estas adjudicaciones de pequeños trabajos a dedo, la trama Gürtel consiguió más de 5,3 millones de euros. «De forma habitual -explica el informe- el objeto del contrato ha sido fraccionado en varios servicios siempre de cuantía inferior a los 12.020 euros con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requerimientos de publicidad y concurso». Auxilio Judicial asegura haber «acreditado» que el Gobierno de Aguirre recurrió a la partición de contratos para poder dar a dedo las adjudicaciones a Correa en 114 actos y eventos institucionales. Según los cálculos del interventor, al menos 3,1 de los 5,3 millones, el 69% del total, que cobraron las empresas Gürtel por estos trabajos fueron fraccionados.

Esperanza Aguirre ya ha salido a responder a la petición del juez. En su cuenta de Twitter, la expresidenta de la Comunidad de Madrid ha afirmado: "Estaré encantada de colaborar con la Justicia para que se depuren todas las responsabilidades en el 'caso Gürtel".