Urdangarin se valió del «respaldo» de «altas personalidades vinculadas a la Casa Real»

El juez del 'caso Nóos', José Castro, en el auto en el impone una fianza de responsabilidad civil de 8,1 millones de euros para Iñaki Urdangarin y Diego Torres apunta directamente a la responsabilidad de “altas personalidades” de la Casa Real. El magistrado hace un relato-tipo de cómo el duque de Palma lograba contratos para los que ni Nóos ni sus empresas estaban cualificados siempre valiéndose de personas de Zarzuela: “La directa intervención en persona de Iñaki Urdangarín y el anuncio del respaldo que le brindaban las altas personalidades vinculadas, cada una a su manera con la Casa Real determinaba a sus interlocutores, detentadores de relevantes cargos públicos y escasamente escrupulosos de la observancia de las normas sobre la contratación pública, a prescindir de los obligados trámites y, sin un claro convencimiento de la utilidad que representaba el negocio jurídico que se les proponía, acceder al mismo para luego desvincularse de su exacto cumplimiento y justificación del coste”, señala Castro.

En esa estrategia, según el instructor, el secretario de las infantas, recién imputado, Carlos García Revenga, tenía un papel muy relevante pues presentaba Nóos como casi un apéndice de Zarzuela, “faltando deliberadamente a la verdad”.

José Castro impone 8,1 millones de fianza a Urdangarin y Torres por las posibles responsabilidades pecuniarias que puedan declararse en su contra en esta pieza separada del Palma Arena. En un auto de 500 folios, el magistrado les da un plazo de cinco días para el pago, desde el siguiente a la notificación.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma atiende así totalmente la petición de la Fiscalía Anticorrupcion y la acusacion popular el Sindicato Manos Limpias para imponer una fianza de responsabilidad civil a ambos para responder del supuesto daño patrimonial causado a las arcas públicas. En el auto, Castro señala que pueden responder a la caución de manera solidaria, de manera que se pueden repartir el pago de la misma o bien alguno de los afectados podría abonar el importe total de la fianza.

Sin rebaja

El fiscal había pedido 8.189.448 euros de fianza que en el caso de que no pueda ser pagada por los dos afectados acarrearía el embargo de sus propiedades. Por otro lado, en el mismo auto judicial, el magistrado pide a Urdangarin y Torres que le comuniquen si tienen antecedentes penales, por si hubiera que aplicarles la agravante de reincidencia.

El instructor hace suya la tesis principal del Ministerio Público: los nueve convenios que el Instituto Nóos suscribió con las administraciones de Baleares y la Comunidad Valenciana en 2005 y 2006 son ilegales y por tanto todo el dinero debe regresado al Estado, más un tercio de penalización. La Fiscalía fue tajante en su informe que ha servido de base al juez: “Los convenios de colaboración son fruto de una actividad delictiva premeditada por lo que el resarcimiento de los perjuicios ocasionados a las arcas públicas debe alcanzar la totalidad de los fondos públicos percibidos por el Instituto Nóos”, apuntaba en su petición el fiscal Pedro Horrach.

Castro ha acogido el máximo que reclamaban las acusaciones, que habían propuesto un ‘castigo menor’ a los dos principales imputados:que se contabilizara como responsabilidad civil el total del dinero que Iñaki Urdangarin y el exprofesor de Esade se llevaron de los contratos, pero descontando las facturas que el Instituto Nóos ha presentado y la Fiscalía ha dado por buenas, tras depurar la avalancha de documentos que no han sido admitidos como gastos para la organización de esos eventos. Los técnicos de Anticorrupción se han pasado meses con la calculadora en mano para cifrar esa fianza civil alternativa: 5,9 millones. Sin embargo, el juez cree que no cabe ningún tipo de rebaja.

Según el informe de la Fiscalía, "la única finalidad perseguida con la creación y posterior asunción o toma del control del Instituto Nòos por parte de D. Iñaki Urdangarin y D. Diego Torres era contar con la cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro (una especie de ONG dedicada a proyectos sociales)".