La reforma laboral que abarata el despido y controla más a los parados sale adelante con las críticas de toda la oposición

La reforma laboral pasa su último trámite en el Congreso con el ministro del ramo con un pie fuera del Gobierno porque ya se ha confirmado que Celestino Corbacho saldrá del Ejecutivo en las próximas semanas para reforzar la lista del presidente de la Generalitat, José Montilla, en las elecciones catalanas del 28 de noviembre. La soledad del todavía ministro en el debate ha sido tan evidente que, desde la tribuna, la diputada de UPyD, Rosa Díez, ha denunciado que ningún otro compañero de gabinete ocupaba la bancada azul de la Cámara Baja. Sólo el presidente Zapatero seguía la que puede ser una de las últimas intervenciones de Corbacho.

Toda la oposición en tromba ha criticado un texto que ha sacado adelante el PSOE en solitario gracias a la abstención del PNV. Los partidos han denunciado que la reforma "es hija del fracaso del diálogo social" y "no responde a las necesidades de nuestro mercado de trabajo". Frente a ellos, el ministro ha asegurado que la nueva ley será "larga" y beneficiosa, al tiempo que la ha calificado de "equilibrada" y "ambiciosa". Corbacho ha defendido que elimina incertidumbres en el nuevo marco jurídico y "da mayor seguridad a empresarios y trabajadores".

Tras las intervenciones de los portavoces de los grupos, el presidente del Congreso, José Bono, ha llamado a la votación, ya con todos los ministros y sin sorpresas. Ha sido la aprobación definitiva porque la norma ya había pasado por el Senado tras dos meses de tramitación. Es la reforma laboral que abaratará el despido y ejercerá un mayor control a los desempleados.

Obligaciones de los parados

Bajo el nombre de proyecto de Ley de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo, la norma elimina la mayoría de los cambios propuestos por los grupos políticos en el Senado e introduce sólo las enmiendas del PSOE y una del BNG. De esta forma, se mantienen los puntos más controvertidos del texto inicial que presentó el Gobierno en junio, especialmente los referidos a la contratación y a los despidos. Incluye que las empresas puedan despedir a los trabajadores por causas económicas con 20 días de indemnización, no sólo cuando tengan pérdidas, sino también cuando prevean tenerlas, o tengan una persistente caída de ingresos.

También generaliza el contrato de fomento del empleo, que conlleva una indemnización de 33 días por año trabajado, al incluir a los trabajadores fijos de entre 31 a 45 años que hayan sido despedidos. Además, establece mayor control a los desempleados, que podrán ser sancionados si rechazan cursos de formación en un plazo no superior a 30 días, al tiempo que facilita el despido por faltas al trabajo y rebaja al 2,5% el índice de absentismo total que puede tener una empresa y que marca el despido objetivo individual.

Los socialistas han conseguido tumbar todas las enmiendas presentadas por los grupos políticos en el Senado, salvo las propias y una del BNG referida a las prestaciones de los contratos parciales, por la que los trabajadores podrán cobrar por horas y no por días.

En vez de convalidar la prórroga por seis meses del Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción (PRODI), que es como se denomina a la ayuda de 426 euros para los parados que hayan agotado la prestación por desempleo o el subsidio, el pleno ha votado a favor de su tramitación como ley. La norma beneficiará a menores de 30 años, mayores de 45 con cargas familiares y parados de larga duración, siempre que extingan la prestación o el subsidio de paro entre el 16 de agosto de este año y el 15 de febrero de 2011 ambos inclusive, y no incluye a los actuales beneficiarios, que dejarán de percibir la prestación cuando transcurran los seis meses establecidos.