El Gobierno da luz verde a la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha pedido a las comunidades gobernadas por el PP, que se abstuvieron en la aprobación del nuevo modelo de financiación en el Consejo de Política Fiscal (CPFF), que exijan a su grupo parlamentario que no vote en contra en el Congreso si quieren ser coherentes.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Salgado se ha referido así a la aprobación por parte del Gobierno, del proyecto de modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y del proyecto ley que modifica la ley de régimen fiscal de las ciudades con estatuto de autonomía y en las comunidades de régimen común. La titular de Economía y Hacienda también ha comentado que no pueden fiarse de la "racionalidad" del PP en la votación del Congreso por lo que el Gobierno está "trabajando por conseguir el máximo consenso" y cree que se podrá conseguir.

Al igual que Salgado, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha expresado su confianza en que los partidos políticos muestren en el Congreso "idéntica altura de miras" a la mostrada en el CPFF cuando se aprobó sin votos en contra el nuevo modelo. A juicio de Fernández de la Vega, el Ejecutivo "acude a la nueva cita con el Parlamento con los deberes bien hechos, con un sistema que refuerza los principios de suficiencia y solidaridad, que aumenta la autonomía financiera, la corresponsabilidad y corrige los problemas detectados en el anterior".

Mayor autonomía financiera

La vicepresidente económica ha valorado que con el nuevo sistema todas las autonomías van a tener más fondos, gozarán de mayor responsabilidad y autonomía fiscal, verán reconocida su población y un sistema estable que se va a actualizar de manera anual. Para atender a esos objetivos, el sistema tendrá cuatro fondos: de garantía de servicios públicos fundamentales (se incluyen sanitarios, educativos y sociales), un fondo de suficiencia global, otro de cooperación y uno de competitividad para reducir las diferencias de financiación per cápita.

De esta manera se dota de mayor autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal a las Comunidades Autónomas, ya que contarán con una mayor capacidad normativa y un mayor porcentaje de impuestos cedidos: el 50% del IRPF y el IVA, y el 58% de los Impuestos Especiales. Salgado ha comentado que la reforma de la ley contempla que algunas comunidades tengan liquidaciones negativas en 2010 y por ello el proyecto dispone de una moratoria de hasta cuatro años para hacer esa aportación al Estado. Salgado ha reiterado la cantidad de 11.700 millones de euros para recursos adicionales, aunque la cifra exacta se sabrá cuando se disponga del dato de población de 2009.

Ante la insistencia de las comunidades por saber la cantidad que les toca en el nuevo modelo, Salgado ha dicho que el proyecto determina la cuantía de cada fondo y los parámetros de ponderación de las variables, por lo que con esos criterios cada comunidad puede tener una idea de cuál es su financiación. Ha recordado a las comunidades que deberán hacer dicho cálculo con las "cifras de 2007" y cuando se tengan los datos definitivos de 2009 se hará una revisión como se ha "comprometido" el Gobierno. Una vez concluya el trámite parlamentario se convocarán las comisiones mixtas correspondientes para que se pueda aplicar la nueva financiación en los territorios.

El nuevo modelo de financiación se aprobó sin ningún voto en contra, con el respaldo de las siete comunidades del PSOE (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y Extremadura), más Cantabria (PRC-PSOE), Canarias (CC-PP) y la ciudad de Ceuta, gobernada con mayoría absoluta por el PP, mientras que las seis autonomías gobernadas por el PP se abstuvieron.