El Estado se personará en el sumario madrileño del caso Gürtel después de que la Agencia Tributaria (AEAT) haya constatado la supuesta comisión de fraude fiscal por parte del tesorero del PP, Luis Bárcenas, y otros imputados en la trama de corruptelas que salpica a la formación conservadora. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, informó ayer de que ha dado instrucciones a la Abogacía del Estado para que pida ser parte en la causa ya que hay delitos contra Hacienda y el Gobierno debe intervenir.

Caamaño tomó la decisión de que la Administración se persone en este sumario el lunes, poco después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidiera elevar una exposición razonada al Supremo al encontrar indicios de fraude y cohecho en la actuación de Bárcenas, del diputado nacional Jesús Merino y del eurodiputado Gerardo Galeote, ante lo que su departamento adoptó «las medidas necesarias» en «defensa del dinero de todos los españoles». Justicia informó de que la Abogacía del Estado se personará en «nombre de la Agencia Tributaria». Se trata de una actuación «habitual» cuando, « se detectan presuntos delitos contra la Hacienda Pública». Caamaño se esmeró en disipar cualquier intencionalidad política en la decisión y negó que el Ejecutivo haya «cambiado de opinión» tras las elecciones europeas. «Antes de tomar ninguna decisión, primero se dejó actuar al Ministerio Fiscal para que mirase si había indicios o no. Tan pronto la Fiscalía y los jueces nos trasladaron que podía haber algún tipo de ilícito contra la Hacienda Pública, pedimos un informe a la Agencia Tributaria que nos ha dicho que, según su investigación, sí se han producido delitos», detalló Caamaño. Fuentes gubernamentales precisaron que la personación no sólo busca acusar a Bárcenas, sino también a otro «importante número» de imputados, entre ellos el empresario Francisco Correa, jefe de la red de corruptelas, que habría evadido sumas millonarias en paraísos fiscales. En el caso del tesorero del PP, al que la Fiscalía acusa de cooperador necesario en el delito de cohecho, la Agencia Tributaria habla de un gran «desfase patrimonial» en los últimos 5 años, que no se corresponde con sus ingresos familiares, herencias y la más «óptima gestión» de activos preexistentes.

La Abogacía del Estado esperará para pedir su personación a que el Supremo decida si acepta o no la competencia del caso. La Sala de Admisión de Causas Especiales del Supremo comenzó ayer a estudiar la petición del Tribunal Superior de Madrid y pidió a la Fiscalía que informe si aprecia indicios delictivos suficientes contra los aforados y si cree que el Supremo es competente para instruir la vertiente madrileña de la trama. Y, en caso positivo, si debe encargarse de la totalidad de la causa, o sólo de los delitos e irregularidades que afectan a los aforados.