Los afectados por las expropiaciones de Las Aletas siguen en pie de guerra. Mientras el Consorcio espera la orden de la Junta para ocupar la totalidad de la finca una docena de propietarios denuncia que la Administración «se ríe» de ellos y se «sienten engañados». Son los vecinos que abandonaron sus viviendas y algunas explotaciones agrarias a cambio de un justiprecio y con la promesa de un piso de protección oficial. Este contingente lo forman los pequeños propietarios. Una docena de ellos asegura que el dinero que recibieron no cubre el valor de lo que han perdido y denuncian que el piso prometido, «no llega porque la constructora que trabaja para la Junta ha dado en quiebra». Viven de alquiler o realojados.

En enero de 2007, la Junta expropió de manera forzosa a unos 40 titulares de suelo en Las Aletas y con diez de ellos negoció, además, la adjudicación directa de un piso de protección oficial, ya que la construcción del parque los dejaba sin casa en el paraje del Molino de Goyena. Durante meses, este grupo de afectados ha reivindicado sus derechos con protestas ante la sede de la Junta en Cádiz y colgando pancartas en la pasarela que cruza la carretera N-443, en Puerto Real.

Miguel Jaén recibió el 27 de abril de 2006 una primera carta que le notificaba que sus 5.652 m2 de terreno en la carretera Marisma de Las Aletas serían expropiados por un importe de 53.181 euros. Miguel tenía allí su vivienda, aperos de labranza y varios gallineros, igual que otros nueve vecinos de la zona. Miguel se lía con tantos papeles y muestra otro con fecha de octubre de 2005 cuando la Junta le adviertió que su propiedad se incorporaba al patrimonio autonómico.

La historia de Miguel es similar a la de Luis Moreno que ha visto como las promesas no se cumplen y ha tenido que dejar a la fuerza sus propiedades en Las Aletas. «Me dieron 17 euros por metro cuadrado cuando hace cuatro años se pagaron 35 para la construcción de la estación de tren».

La Junta recibió un duro revés en febrero de 2008 cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tumbó el proyecto de construcción de Las Aletas al advertir que la Administración no había justificado en su estudio el interés autonómico del nuevo parque empresarial y, por tanto, declaraba nulo el proceso expropiatorio. Esta sentencia es el fruto de las denuncias presentadas por los grandes propietarios de los terrenos. En total, 19 titulares de suelo que concentran unas 448 hectáreas, de las 527 que ocupa el parque. Entre los mayores propietarios destacan las familias Roldós y Derqui, así como la sociedad Dehesa Norte, que piden entre 51 y 104 euros por metro cuadrado. Ante esta situación, la Junta inició el trámite de nuevo y tras poner la doumentación al día se ha ido a la expropiación forzosa de los terrenos. Este verano ocupará el suelo y comenzarán las obras de urbanización del complejo empresarial. Los abogados aguardan que la Junta se pronuncie sobre el justiprecio, pero algunos ya dan la batalla por pérdida con la estrategia de la ocupación forzosa, aunque adelantan que el caso acabará en el Tribunal Supremo.

El otro frente abierto en Las Aletas lo protagonizan los pequeños propietarios. No están conformes con el procedimiento que ha seguido la Junta para hacerse con sus terrenos. Miguel Jaén, como otros tantos, protestó el primer justiprecio que recibió y logró en enero de 2007 un nuevo valor de su propiedad que asecendía a 129.804 euros, además del compromiso de la Junta que le garantizaba la adjudicación de un piso de protección oficial en Puerto Real. El tiempo ha pasado. Desde entonces, Miguel y su mujer han vivido en casa de una hija y ahora han sido realojados en un piso de alquiler. El problema se agrava porque la empresa que construye los pisos para la Junta, DHO, ha entrado en concurso de acreedores y no puede acabar la obra. Miguel se lleva las manos a la cabeza cuando le advierten de que el piso en cuestión le sale por 73.392 euros, «que tengo que pagar con el dinero de la expropiación». Miguel levantó su casa en Las Aletas en los setenta y «allí críe a mi familia; ahora no tengo terrenos, ni piso, ni gallinas....».

Por su parte, Luis Moreno maldice el proceso expropiatorio y señala que Hacienda le ha girado una carta en la que le reclama «cuatro millones de pesetas por la venta del suelo; ésto no lo entiende nadie por que yo no he vendido nada, me han expropiado ....».