Camps niega su implicación en la trama, Rajoy le da su apoyo y el PP denuncia ante la Fiscalía la filtración

El presidente de la Generalitat Valenciana ha tenido que salir al paso de la última filtración sobre la trama de corrupción que está investigando Garzón. Francisco Camps ha comparecido para negar toda relación con esa red. Rajoy también ha movido y ha salido en su defensa mientras que el partido ha presentado ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por "un delito de filtración de un sumario secreto" cometido presuntamente "por personal al servicio" de Anticorrupción.

En rueda de prensa, Camps ha negado su implicación en esta trama de corrupción y ha anunciado que ejercitará "todas la acciones legales en defensa de mi honor, del PP y del cargo que represento". El presidente valenciano, arropado por trece de sus catorce consejeros y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se ha mostrado "profundamente indignado" por las "filtraciones interesadas" del sumario pero ha pedido "tranquilidad y paciencia" a todos sus compañeros ante lo que considera un "proceso abierto contra todo un partido político". "Se ha buscado la división del partido, la incertidumbre y el ataque entre nosotros; no lo han conseguido", ha indicado, para concluir que "saldremos más reforzados de esta amarga experiencia".

Camps, que ha valorado sus "veinte años de vida pública al servicio del interés general", ha dicho que su "única culpa" es que el PP, "de celebrarse hoy las elecciones autonómicas, aumentaría su distancia respecto al PSPV-PSOE". De esta forma ha salido al paso de lo que publica este jueves el diario El País. En portada apunta que el presidente de la Generalitat valenciana sería uno de los aforados que investiga el juez Garzón en el contexto de la 'operación Gürtel' ('correa', en alemán). Según el diario, que cita fuentes de la investigación, el informe de la Fiscalía "cita una pequeña ramificación de la red corrupta con el pago de los supuestos sobornos por los negocios facilitados desde la Comunidad Valenciana".

En las grabaciones aportadas en la denuncia "aparece una frase imputada a Correa -dice El País- que alude al pago de 30.000 euros en trajes para Camps. Garzón ha investigado tres facturas sobre este punto". Ésta sería, según el diario, "la única referencia al pago de sobornos a cambio de un trato privilegiado con la Administración valenciana". Fuentes de la Generalitat ya negaron veracidad a estas acusaciones en una anterior ocasión, cuando se conoció la información, aunque entonces no se especificaba quién era la persona aforada a la que se referían.

Acciones legales en defensa de su honor

Camps ha anunciado que ejecutará todas las acciones legales en defensa de su honor, del de PP y de su cargo como presidente de la Generalitat y ha precisado que en caso de que la imputación siga su curso, pedirá la comparecencia de todos los funcionarios que han trabajado con él en sus distintas etapas políticas, de los empresarios -valencianos y españoles, públicos y privados- con los que se ha relacionado y de los alcaldes de la Comunitat Valenciana para que avalen si alguna vez les ha pedido "alguna contraprestación" o les ha indicado "alguna decisión".

Horas después, el PP ha presentado a la Fiscalía General del Estado (FGE) una denuncia ante "un delito de filtración de un sumario secreto" cometido presuntamente "por personal al servicio" de Anticorrupción. El responsable de Comunicación, Esteban González Pons, ha pedido conocer, además, cuántos aforados del partido son investigados por el juez, por lo que ha exigido que se levante el secreto de sumario, y ha expresado su temor de que si esto no ocurriera, haya más filtraciones durante la última semana de campaña en Galicia y en el País Vasco. Pons ha añadido que a la investigación que sigue Garzón puede acceder el Gobierno por medio del Ministerio de Interior o del Ministerio de Justicia, mientras que el PP no puede hacerlo, y que por ello, se trata de una trama "contra el Partido Popular" dirigida con el único fin de "hacer daño político" a los populares y "eliminar cualquier oposición" al Ejecutivo.

También la secretaria general, María Dolores de Cospedal, ha anunciado que el PP denunciará la "actitud prevaricadora" de Garzón si no se inhibe en favor de los tribunales superiores de justicia de Madrid y Comunidad Valenciana, tal y como le ha solicitado la Fiscalía.

El respaldo de la dirección 'popular' al presidente de la Generalitat ha llegado por boca del propio presidente del partido. Mariano Rajoy le ha definido como "un dirigente ejemplar que cuenta con el pleno apoyo del PP". En un acto con medios de comunicación en La Coruña, donde ha estado con motivo de la campaña electoral gallega, ha destacado que Camps no está imputado, pero sí "indefenso", pues no se sabe de qué se le acusa. Tras señalar que Camps es "un extraordinario dirigente y "un político honrado", el líder del PP ha remarcado que "está pasando ahora por un momento de indefensión porque no se sabe si le acusa de algo".

Declaración ante Garzón

En el ámbito meramente judicial, el juez ha dejado en libertad a otros dos imputados en la operación, Andrés Bernabé, chófer del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, y a Cándido Herrero Martínez, consejero delegado de Orange Market, filial de una de las empresas de Correa. Los dos han quedado libres ya que las fiscales anticorrupción, Miriam Segura y Concha Sabadell, no han solicitado para ellos ningún tipo de medida cautelar después de que Garzón les tomará declaración como imputados por los delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.

Herrero Martínez, consejero delegado de la filial valenciana de la empresa Special Event, con la que Correa organizó actos para el PP hasta 2004, ha sido el primero en comparecer ante Garzón, que ha permanecido en el despacho del juez instructor alrededor de una hora, tras lo que, escoltado por dos agentes, ha entrado Andrés Bernabé, que fue detenido el pasado lunes en Madrid. Durante su interrogatorio, el chófer de Correa ha coincidido en el despacho de Garzón con el imputado Pablo Crespo -secretario de organización del PP gallego hasta 1999-, que ha permanecido unos veinte minutos en el juzgado.

Respecto a los interrogatorios al resto de los 37 imputados, Garzón tiene previsto interrogar el próximo 4 de marzo a los ex alcaldes de las localidades madrileñas de Majadahonda y Boadilla del Monte, Guillermo Ortega Alonso y Arturo González Panero, así como al empresario castellano-leonés del sector de la comunicación José Luis Ulibarri. Ese mismo día el juez tomará también declaración a Pablo Ignacio Gallo Alcántara, Carlos Ignacio Hernández Montiel y Juan Antonio, empleado del despacho R.Blanco-Guillamot.

Hasta el momento, el magistrado ha enviado a prisión incondicional al presunto líder de la trama y dos de sus máximos colaboradores, su primo Antoine Sánchez y Pablo Crespo, mientras que ha dejado en libertad con comparecencias mensuales y la prohibición de salir de España a María del Carmen Rodríguez Quijano (esposa de Correa), Felisa Jordán y Carmen Luis Cerezo. A otros dos de los imputados, José Luis Izquierdo, hombre de confianza de Correa, y Álvaro Pérez Alonso, "el bigotes", responsable de la empresa Orange Market, el magistrado también los ha dejado libres y con la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado.

Además, el magistrado dejó ayer en libertad a Jacobo Gordon, ex socio de Alejandro Agag (yerno del ex presidente del Gobierno José María Aznar), y a Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol YPF, y miembro de los Consejos de Administración de varias de las empresas relacionadas con Correa, Hator Consulting, Osiris Patrimonial e Inversiones Kintimani.

No será hasta el término de las tomas de declaración, que finalizarán el 5 de marzo, cuando el juez acuerde inhibirse en favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia al haber hallado indicios contra aforados, tal y como le ha pedido la Fiscalía Anticorrupción.

Cita en Génova

La directiva nacional del PP ha citado a los ex alcaldes de Boadilla y Majadahonda a comparecer ante el Comité de Derechos y Garantías para dar cuenta de las acusaciones de corrupción que pesan sobre ellos. Además, el Consistorio de Boadilla ha convocado un pleno el próximo viernes a las 10.00 horas para elegir al sustituto de González. La elección del sucesor dependerá de una reunión de los concejales que se celebrará hoy o mañana. Los nombres que se barajan son los de los ediles Belén Húmera, actual alcalde en funciones y primera teniente de alcalde, Juan Sidera y Ramón González Bosch.

Húmera fue nombrada primera teniente por el ex regidor tras destituir a María Jesús Díaz que se enfrentó a él en las últimas elecciones internas celebradas en diciembre de 2008 aunque no logró vencerle. Díaz fue obligada por el PP a dimitir el pasado 10 de febrero para que González aceptará renunciar al cargo de alcalde ya que aseguró que no estaba dispuesto a que su contrincante fuera la alcaldesa y la culpó de estar detrás de los dossier en los que le acusan de un presunto enriquecimiento ilícito.