El PP veta la comparecencia de Rajoy en la comisión sobre el espionaje en la Comunidad de Madrid

La Mesa de la Asamblea de Madrid ha rechazado tramitar la petición de IU para que comparezca el presidente del PP, Mariano Rajoy, en la comisión de investigación sobre el espionaje político en esta Comunidad, por entender que dicha comparecencia "no se ajusta al objeto de la comisión". También ha desestimado las comparecencias solicitadas por el PSM del tesorero del PP, Luis Bárcenas, y del ex tesorero Álvaro Lapuerta, entre otros.

En cambio, ha admitido que puedan comparecer la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón. Las portavoces del PSM e IU en la Asamblea, Maru Menéndez e Inés Sabanés, respectivamente, han denunciado el "veto" y la "censura" que, a su juicio, ha ejercido el PP sobre comparecientes que consideran "esenciales" para la investigación de la supuesta trama.

La Mesa de la Asamblea ha rechazado asimismo las peticiones de comparecencia del secretario general técnico de la Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno regional, Borja Sarasola; y de los empresarios Enrique Sánchez (accionista de Segurisa), Fernando Ruano (administrador único de Secuenzia Pixels) y Fidel San Román (adjudicatario de la plaza de toros de Las Ventas). Tampoco ha admitido las del jefe de la Policía Local de Las Rozas, Manuel López Sánchez; el ex delegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro; el ex secretario de Estado Pedro Antonio Martín Marín; el director general de Función Pública, Miguel Ángel López Fernández; y el gerente del 112, José Eduardo San Román.

El portavoz del PP en la Asamblea, David Pérez, ha destacado sin embargo que la Mesa ha aprobado la mayoría de las comparecencias solicitadas por la oposición y lo ha considerado un "ejercicio de compromiso con la transparencia".

No hay cambios en la presidencia

Los representantes del PP también han rechazado la petición del PSOE e IU de recusar al diputado 'popular' Benjamín Martín como presidente de la comisión y han hecho un nuevo recorte a la documentación solicitada por la oposición. Benjamín Martín denunció la semana pasada en comisaría haber recibido una llamada telefónica para que depositara 50.000 euros en un bar de la Casa de Campo a cambio de "no acabar como su amigo Francisco Correa".

Tras haberse publicado informaciones que apuntan que podría haber recibido dinero a cambio de silenciar la trama de corrupción que investiga el juez Garzón, la Mesa y portavoces de la Comisión de Investigación han debatido su recusación. El PP la ha desestimado con el argumento de que esas informaciones "le relacionan con asuntos que nada tienen que ver con el objeto de esta comisión ", según ha explicado el portavoz del grupo popular. A su juicio, es una "incoherencia" del PSOE pedir esta recusación cuando mantiene al frente de la alcaldía de Pinto a un "imputado".

Las portavoces del PSOE e IU, Maru Menéndez e Inés Sabanés, han defendido que Benjamín Martín debía de ser apartado de esta comisión por "higiene democrática", por "garantía de independencia" de la propia comisión y por "no contaminar el proceso penal, si lo hubiere". Ambas portavoces se han quejado además del nuevo "veto" que, a su juicio, ha sufrido su petición de documentación, ya que la Mesa de la comisión les ha negado la tramitación de siete documentos que ya habían pasado el filtro de la Mesa de la Asamblea.

Entre los documentos rechazados destacan los de la investigación interna que abrió el pasado enero la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. El 'popular' David Pérez ha dicho que no le "consta que exista documentación asociada a esa investigación" y que, en cualquier caso, "no cabe pedir información de carácter interno a un partido". El PP ha rechazado también la solicitud de la oposición de crear un "registro específico" para la comisión y pedir a la Mesa de la Asamblea que le trasfiera la facultad de calificar y tramitar todos los escritos que le afecten. En la reunión, la Mesa y portavoces sólo han estado de acuerdo en habilitar a efectos parlamentarios la última semana de este mes para celebrar sesiones y en ampliar el plazo de finalización de sus trabajos hasta el 31 de marzo.