Cronología de la causa judicial sobre las desapariciones en el franquismo

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha dejado de instruir la causa en la que investigaba las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo porque ya no hay responsables vivos contra los que dirigir la acción penal, aunque considera que los delitos "permanecen" y no han prescrito, pero insiste en que los delitos "permanecen" y acusa al franquismo de arrebatar su identidad a miles de niños para educarles en la "afección al régimen".

Estos son los principales acontecimientos ocurridos en el marco de esta causa judicial desde que, hace casi dos años, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) presentara la primera denuncia por estos hechos.

El 14 de diciembre de 2006; la ARMH presenta en la Audiencia Nacional una denuncia por la desaparición de 30.000 personas durante la Guerra Civil y el franquismo. En enero de 2008, la Audiencia Nacional se opone a la admisión a trámite de la denuncia de la ARMH y de otras siete presentadas posteriormente. Garzón pide, el 27 de junio, a los Ministerios del Interior y de Defensa que le remitan los informes que tengan sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo para determinar si es competente para investigar los hechos y solicita a los denunciantes un listado completo de víctimas.

La lista con los nombres de 143.353 desaparecidos

En septiembre, Garzón pide al abad del Valle de los Caídos, al Archivo General de la Administración, a la Conferencia Episcopal y al Centro Documental de la Memoria Histórica que le informen sobre el número de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo antes de determinar si es competente para instruir la causa. Un día después, anuncia un plazo de quince días a las asociaciones de familiares de desaparecidos que han presentado denuncias en su Juzgado para que le faciliten una relación de los desaparecidos y de la posible ubicación de las fosas.

La lista con los nombres de 143.353 desaparecidos en la Guerra Civil y la dictadura llega al juez Garzón, el 22 de septiembre, por parte de la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo. Tres días después, dicta una providencia en la que amplía su petición de información sobre el número de muertos y desaparecidos a diferentes organismos estatales.

Mientras que en octubre, Garzón se declara competente para investigar los hechos al estimar que se trata de un delito que encaja en el contexto de crímenes contra la humanidad y que, por tanto, no ha prescrito. En un auto, admite a trámite las denuncias de 22 asociaciones de familiares de desaparecidos autoriza exhumaciones en 19 fosas localizadas en toda España, entre ellas la que se supone que alberga los restos del poeta Federico García Lorca.

Garzón convierte, el 17 de octubre, de diligencias previas en sumario la causa, con la intención de que el fiscal -que sostiene que el juez no es competente- se vea obligado a recurrir sus decisiones ante él y no ante la instancia superior, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional.

La Fiscalía interpone un recurso de apelación ante la sala de lo penal contra la decisión de éste de declararse competente el 20 de octubre. El 7 de noviembre la sala de lo penal acuerda paralizar la exhumación de los restos de los desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo autorizadas por Garzón hasta decidir si el magistrado es o no competente para investigar los hechos, accediendo así a una petición de la Fiscalía en este sentido.