La Audiencia se reúne de urgencia y decide paralizar la apertura de fosas

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se ha reunido de forma extraordinaria para evaluar una petición de la Fiscalía que solicitaba paralizar la exhumación de fosas comunes de la Guerra Civil que está autorizando el juez Baltasar Garzón. Los jueces han asumido los argumentos del fiscal y han decidido detener las exhumaciones de forma cautelar.

La petición del Ministerio Público se ha producido después de que ayer se conociera que el juez Santiago Pedraz, en sustitución de Garzón, que se encuentra de baja médica, autorizara a la familia del poeta granadino Federico García Lorca presenciar la apertura de su fosa y de que admitiera la exhumación de cuerpos en otros seis lugares, entre ellos el Valle de los Caídos.

Según fuentes fiscales, el escrito presentado a la Sala de lo Penal por el Ministerio Público sostenía que las diligencias ordenadas por Garzón y Pedraz no son "urgentes o inaplazables", por lo que deberían realizarse después de que el Pleno se pronuncie sobre el incidente de competencia presentado por la acusación pública para evitar que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 y su sustituto autoricen el inicio de las exhumaciones.

Con motivo de esta reunión, los 18 magistrados que componen el máximo órgano de gobierno de la Sala de lo Penal suspendieron todas las actividades que tenían previstas a lo largo de la mañana. Así, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal que presidían el juicio sobre la 'Operación Saqueo 1', que se celebra en las instalaciones de la Audiencia Nacional de la Casa de Campo, han tenido que aplazar la sesión hasta las cuatro de la tarde.

Un caso pendiente de resolución

Los magistrados Garzón y Pedraz han autorizado la apertura de fosas comunes de la Guerra Civil en 25 lugares de España. En el auto del 16 de octubre en el que Garzón se declaró competente para investigar los "crímenes contra la humanidad" que, según el juez, pudieron cometerse durante la contienda, avaló el comienzo de los trabajos en 19 puntos, incluida la fosa situada entre los municipios granadinos de Víznar y Alfácar en el que supuestamente se encuentran los restos del poeta granadino Federico García Lorca.

Las otras son las situadas en Parrillas (Toledo), Adrada de Aza, Valdenoceda y San Juan del Monte (Burgos), La Robla, Ponferrada, Balboa, Dehesas, Camponaraya, Magaz de Abajo, Tejedo del Sil y Carucedo (León), Córdoba, La Palma del Condado, Bonares y Niebla (Huelva), Fuerte San Cristobal (Navarra) y La Serna (Madrid).

En una providencia firmada por Pedraz el pasado 29 de octubre, el Juzgado Central de Instrucción número 5 amplió esta lista a un columbario del Valle de los Caídos (Madrid) en el que descansan los cuerpos de siete milicianos de Pajares de Adaja (Avila) asesinados por la Falange, y otras fosas situadas en el Cementerio General de Valencia, Villanueva de la Vera (Cáceres), Aguilar de la Frontera (Córdoba), Calviá y Porreres (Mallorca).

Según el auto de Garzón, el número de personas que desaparecieron entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951, fecha en la que finalizaría su investigación, asciende a un total de 114.266. Este listado se confeccionó a partir de las aportaciones realizadas por 22 asociaciones de memoria histórica que han promovido la causa y los gobiernos autonómicos y ayuntamientos que han remitido información a la Audiencia Nacional.