Siete países de la UE vetan las sanciones a empresarios que contraten inmigrantes

La propuesta de la directiva comunitaria para castigar con sanciones penales a los empresarios que contraten a inmigrantes irregulares no ha prosperado por la oposición de Alemania y otros seis países -Finlandia, Países Bajos, República Checa, Hungría, Polonia y Suecia-, que consideran que son los Estados miembros los que deben decidir el tipo de penas que imponen y no la Unión Europea.

Durante la reunión de ministros del Interior de la UE, un gran número de países ha rechazado también que la norma imponga un objetivo obligatorio de inspecciones en al menos el 5% de las empresas para detectar la presencia de irregulares y subrayaron que lo importante no es el número sino la calidad de estas inspecciones.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, se ha situado en el bando de los Estados miembros que apoyaron sin fisuras la norma, al igual que el resto de países del sur de la UE que reciben más presión migratoria. "Siempre he creído que el culpable de la inmigración ilegal es el que la explota, y por lo tanto creo que esta propuesta va en la dirección adecuada de sancionar a aquel que se aprovecha de las condiciones humanas de un inmigrante que va a otro país irregularmente", ha manifestado.

A su vez, ha señalado que España deberá modificar su legislación cuando trasponga la directiva porque en la actualidad el Código Penal no prevé que las sanciones penales puedan aplicarse a personas jurídicas, como una empresa, sino únicamente a personas físicas. "Es voluntad de España trabajar en esa dirección para hacerlo posible".

En el contexto europeo

El ministro alemán del Interior, Wolfgang Schäuble, que actuó como líder del grupo de países que rechazan las sanciones penales, ha sostenido que "no está justificado" establecer normas mínimas en la UE sobre sanciones penales a los empresarios porque "hay otras posibilidades de luchar contra la inmigración ilegal". Schäuble ha rechazado el objetivo impuesto por la presidencia francesa, de someter a un 5% las inspeciones, en lugar del 10% contemplado en la iniciativa original.

Por su parte, el ministro del Interior de Italia, Roberto Maroni, ha manifestado que en su país las sanciones penales no han arrojado resultados "tan positivos", y ha asegurado que las inspecciones son un sistema "más eficaz". Una idea que comparten los representantes de España, Grecia y Portugal.

Al término del debate, tanto el vicepresidente de la Comisión y responsable de Justicia, Libertad y Seguridad, Jacques Barrot, como el ministro francés de Inmigración y presidente de turno del Consejo, Brice Hortefeux, han admitido que probablemente la solución para desbloquear esta directiva sea dejar en manos de los Estados miembros el tipo de sanción que se aplicará, sea penal o administrativa, tal y como propone Finlandia.