España no ampliará el plazo máximo de retención de inmigrantes irregulares antes de su repatriación

La Comisión Delegada del Gobierno para Política de Inmigración, de la que forman parte los ministros de Exteriores, Interior, Trabajo e Inmigración, Fomento e Igualdad ya está constituida y tras la primera reunión, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha confirmado que la nueva Directiva Europea de Retorno "no afecta a la legislación española", por lo que no se hará ninguna trasposición que conlleve ampliar el tope de internamiento de los inmigrantes ilegales a dieciocho meses.

La vicepresidenta ha ratificado la voluntad del Ejecutivo de presentar una reforma "limitada" de la Ley de Extranjería antes de que concluya el año, en la que se podría ampliar el plazo de 40 días de privación de libertad hasta 60, para dotar de más tiempo al proceso de repatriación de los inmigrantes irregulares. A su juicio, la directiva aprobada ayer en la Cámara europea permite "establecer garantías donde no las había", ya que unos nueve países ni siquiera tenían un límite de internamiento de los inmigrantes y era conveniente adoptar una "política común".

Ésta no es la situación de España porque la retención de extranjeros antes de su expulsión está contenida "en una legislación muy garantista", que es "eficaz", y sus procedimientos están "todos judicializados" en las "mejores condiciones": "No afecta a nuestro ordenamiento interno", ha sentenciado la vicepresidenta. La nueva normativa ha sido criticada duramente por los países latinoamericanos y por las organizaciones sociales, por entender que criminaliza a los inmigrantes.

Reforma de la Ley de Extranjería

La reforma de la Ley de Extranjería, uno de los asuntos tratados en la nueva Comisión, se abordará con el "máximo consenso" entre los agentes sociales, los propios inmigrantes y los partidos políticos. De la Vega ha informado de que se va a "reactivar" el funcionamiento de la subcomisión creada la pasada legislatura para abordar el "desafío" que supone este fenómeno y ha dicho que en ella participarán "todos los que tengan que decir algo en este ámbito".

También ha anunciado la fecha en que se celebrará la Conferencia Sectorial de Inmigración, que se reunirá el próximo 9 de julio. Ha pormenorizado que además de incorporar a esta normativa la sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce derechos fundamentales para los inmigrantes, está previsto delimitar el ámbito de la reagrupación familiar al cónyuge y a los hijos menores.

En líneas generales, se trata de "ratificar" la política que está llevando a cabo el Ejecutivo, que es "reconocida" fuera de España como "muy positiva" por su carácter "integral", pero en la que, ha confesado, es necesario hacer "algunos ajustes". La vicepresidenta ha adelantado que el Gobierno va a desarrollar el Plan de Ciudadanía 2007-2010, en colaboración con los Ayuntamientos y Ejecutivos autonómicos, porque la "integración social" es la "clave de nuestro futuro".

Tras manifestar que también los centros de internamiento han "mejorado mucho", ha declarado que el Ejecutivo no prevé un incremento alarmante de la llegada de inmigrantes a las costas españolas ante la llegada del buen tiempo, para recordar que la cifras "han mejorado este año". De la Vega ha recalcado que "la legalidad, el orden y la integración" constituyen la "piedra angular" en la que se mueve el Gobierno para "dar respuesta" a este problema.

Corbacho desvela algunos cambios

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha desvelado un primer planteamiento para cambiar la Ley de Extranjería: cambiar la reagrupación familiar reduciría en un 40% el número de inmigrantes que podrían llegar a España en los próximos cinco años. Corbacho estudia cambiar la ley para limitar el derecho a la reagrupación familiar de los inmigrantes a las personas que integran el núcleo familiar -padres e hijos menores de 18 años- para no poner en riesgo el estado de bienestar.

El titular de Inmigración ha señalado que la propuesta tiene el objetivo de "ligar la inmigración al mercado de trabajo porque lo contrario es cooperación en origen". Por ello, ha recordado que la ley actual permite agrupar a la pareja y a los hijos menores de 18 años, y además a los suegros y padres, de manera que cuando estos últimos regularizan su situación "son generadores de este derecho" para seguir reagrupando a otros miembros.

Desde el PP, el portavoz de Inmigración, Rafael Hernando, ha afirmado que los cambios que propone el Gobierno en la Ley de Extranjería son "el reconocimiento explícito del fracaso de la política de inmigración de la anterior legislatura". El diputado del PP ha acusado al Ejecutivo de pasar de una política basada en el "papeles para todos", a otra muy diferente, asentada sobre el "maletas para todos", y todo ello con "improvisación".

Ante esta situación, el PP ha presentado en el Congreso una proposición no de ley que propone una limitación de la reagrupación familiar de los inmigrantes y que los cónyuges o hijos en edad laboral puedan trabajar "sin que sea obligatorio haber residido un año como mínimo". También aboga por eliminar el derecho de reagrupación familiar de los ascendientes ya reagrupados, y así evitar "fraudes".