El ex presidente de Sidenor declara como imputado por el supuesto pago del 'impuesto revolucionario' a ETA

El ex presidente de la empresa Siderúrgica Sidenor, Sabino Arrieta Heras, ha sido interrogado por la Guardia Civil como imputado por los pagos a ETA supuestamente realizados por esta empresa. Acompañado de un abogado, ha declarado en las instalaciones de la Comandancia de la Guardia Civil de La Salve, en Bilbao. Una vez terminada la toma de manifestaciones, el ex presidente y uno de los propietarios de Sidenor ha quedado en libertad.

La declaración de Arrieta, que fue viceconsejero de la Consejería de Interior del Gobierno vasco en el equipo de Luis María Retolaza, se produce después de que el pasado día 5 fuera detenido para interrogarle el actual consejero delegado de la empresa José Antonio Jainaga por el mismo motivo.

El origen de las investigaciones que desarrolla el Instituto Armado bajo la dirección del juez Baltasar Garzón está en los documentos que fueron incautados al dirigente etarra Francisco Javier López Peña, 'Thierry', a raíz de su detención en Burdeos el pasado 20 de mayo. Los documentos intervenidos hacen deducir a los encargados de la investigación que la empresa Sidenor había pagado a ETA 90.000 euros y que la banda terrorista esperaba el pago de una cantidad similar que estaría pendiente.

Jainga declaró por el mismo motivo

José Antonio Jainaga, en unas declaraciones publicadas en el diario El Correo, asegura que ni la empresa ni él habían realizado pagos a ETA. La organización terrorista había enviado seis cartas a Sidenor solicitando pagos, cartas que han sido intervenidas por la Guardia Civil cuando los agentes acompañaron al consejero delegado a su despacho donde las tenía guardadas.

El actual responsable ejecutivo de la empresa siderúrgica declaró a la Guardia Civil que él no había pagado desde que, a finales de 2004, fue nombrado consejero delegado. Con el interrogatorio de Sabino Arrieta, que en 2005 vendió su participación en la empresa a la multinacional brasileña Gerdau, son ya cinco los empresarios que han prestado declaración ante la Guardia Civil en relación a la extorsión practicada por ETA y en base a los documentos incautados a López Peña en Burdeos.

Los dos primeras fueron las hermanas Blanca Rosa y María Isabel Bruño Azpiroz, que fueron detenidas el pasado 11 de junio y encarceladas por el juez Baltasar Garzón hasta que ayer el magistrado decidió su puesta en libertad bajo sendas fianzas de 20.000 euros cada una. Las dos hermanas están relacionadas con la empresa familiar Bruño e Hijos dedicada a la venta de angulas y marisco.

Además, los agentes del instituto armado detuvieron durante unas horas en San Sebastián a Jesús Guibert Azkue y en Bilbao a José Antonio Jainaga. En ambos casos, una vez prestada la declaración quedaron en libertad a la espera de que el juez les pueda citar en la Audiencia Nacional.