La Fiscalía de Castilla-La Mancha descarta el error judicial en el crimen de violencia de género de Alovera

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJC-M), José Martínez Jiménez, ha declinado calificar como un error judicial el crimen de la semana pasada en Alovera dado que, según Martínez sería aventurado. Además, ha afrimado que la mujer asesinada por su ex marido "tenía el suficiente grado de protección porque convivía con una persona que era militar".

Martínez Jiménez ha explicado que se trata de una situación que "como mínimo, hay que investigar porque el funcionamiento de la Justicia ha quedado en entredicho" y ha añadido que la mujer tenía el suficiente grado de protección "porque convivía con una persona que era militar y, además, con más grado que su acosador", aunque también ha matizado que "cuando un agresor está dispuesto a matar y morir es muy difícil evitarlo".

El fiscal ha reconocido, no obstante, que si el autor de las muertes de Alovera, que posteriormente acabó también con su vida, hubiese estado en prisión preventiva, éstas no se hubiesen producido. En ese sentido, ha asegurado que probablemente en el futuro "más que incidir en el alejamiento habrá que aumentar la prisión preventiva", aunque ha resaltado que existe el riesgo de establecer medidas desproporcionadas para caso concretos.

"Por eso debemos detectar el error judicial para reprimirlo y sancionarlo", ha asegurado pero siempre partiendo de que se trata de una excepción porque si se constata que existe un funcionamiento anómalo de la Justicia "es cuando debe intervenir la Administración para aportar los medios suficientes como para que dejen de producirse los errores judiciales".

Horas más tardes, la Fiscalía Superior de Castilla-La Mancha ha remitido un comunicado en el que el fiscal matiza que sus declaraciones "no han sido interpretadas de forma correcta". Así, ha asegurado que en ningún momento ha tenido la intención de transmitir la idea de que las víctimas de violencia de género "estén más protegidas por el hecho de encontrar nueva pareja".

Al contrario, considera que esta situación "incrementa el riesgo", como se ha comprobado en el caso de Alovera, y precisa que la responsabilidad de la protección de las víctimas es del Estado, a través de los órganos judiciales y fiscales.