La Fiscalía presenta en el Tribunal Supremo la demanda de ilegalización contra ANV
El Alto Tribunal estudiará mañana las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado para evitar que PCTV y ANV concurran a los comicios del próximo 9 de marzo
MADRIDActualizado:La Fiscalía ha presentado ante el Tribunal Supremo la demanda de ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV) en la que denuncia que se ha producido una cesión a favor de la organización ilegalizada Batasuna de los derechos y prerrogativas que concede la normativa electoral a ANV. Asímismo, ha solicitado como medida cautelar la suspensión de actividades como partido político, a ser posible antes del 11 de febrero, fecha de proclamación de candidaturas para las elecciones del próximo 9 de marzo.
En el texto, el Ministerio Público señala además que, tras una inicial ambigüedad respecto de los actos terroristas de ETA, han ido minimizado las acciones violentas de los terroristas, para terminar asimilando el discurso clásico de Batasuna. El documento señala que se han apreciado estas conductas en algunos representantes electos de ANV tras el atentado en la T-4 del aeropuerto de Madrid-Barajas o el asesinato de dos guardias civiles en la localidad francesa de Capbreton.
La demanda recuerda asímismo que, desde su inscripción como partido, ANV sólo había participado en las elecciones de 1977 hasta que, tras "la ilegalización de los partidos políticos hasta entonces 'depositarios' de los postulados políticos de ETA", se presentó a las municipales del año pasado, obteniendo una representación de 337 concejales en el País Vasco y de otro centenar en Navarra.
Medidas cautelares
Por ello, y en virtud de las pruebas aportadas por la investigación policial, la Fiscalía ha pedido la ilegalización del partido y ha instado al Tribunal Suprema a dictar medidas como el cierre cautelar de la sede de ANV y demás inmuebles de su titularidad, el embargo de los ingresos por subvenciones públicas, el embargo de las cuentas corrientes, depósitos y demás activos financieros a su nombre, y la suspensión del derecho a la presentación de candidaturas y a la concurrencia a los procesos electorales.
La demanda, presentada en el registro del Supremo por Narváez a las 11:10 horas y acompañada de seis tomos con documentación, se suma a la que presentó la Fiscalía el pasado martes para la ilegalización del EHAK-PCTV, mientras que la Abogacía del Estado presentó ayer en el Supremo sendas demandas de ilegalización contra ANV y EHAK-PCTV
Por su parte, los magistrados de la Sala del 61 han sido convocados a una reunión mañana para deliberar sobre la admisión a trámite de dichas demandas y sobre las medidas cautelares solicitadas.
Apoyo al terrorismo y amenazas
La petición de ilegalización, firmada por el fiscal de sala jefe de lo contencioso-administrativo, Antonio Narváez Rodríguez, y que consta de 109 folios, recuerda que la alcaldesa de Hernani, Marian Betialarrangoitia, ofreció muestras de apoyo a los dos terroristas presuntamente responsables del atentado en la T-4 y que el representante de ANV en el Ayuntamiento de Baracaldo se negó a condenar el acto criminal realizado.
La demanda incluye asímismo las conductas de apoyo a los actos de coacción social vinculadas al terrorismo en el País Vasco. En concreto, se alude a la campaña sistemática contra la construcción de la línea de Alta Velocidad en el País Vasco, en la que ANV ha asumido los postulados de amenaza e intimidación sostenidos por ETA y Batasuna.
La financiación de Batasuna
El Fiscal ha incidido además en el "reparto de papeles" entre Batasuna -que emite las consignas- y ANV -que las reproduce públicamente en el marco institucional- como demuestran, según ha asegurado, las campañas contra la anulación de listas electorales de la izquierda abertzale y contra los partidos a los que acusaban de "robarles" concejales.
En materia económica, el fiscal ha explicado a la sala del 61 la íntima conexión existente entre ANV y Batasuna respecto de la gestión de fondos bancarios y ha aportado las pruebas obtenidas en la investigación policial de que Batasuna impuso una serie de directrices a ANV, como la apertura de cuentas bancarias en los municipios donde tuvieran representación para controlar mejor el ingreso de fondos institucionales.
El dinero iba a parar a una caja única, que se nutría con los ingresos de ANV y del EHAK-PCTV, pero que estaba controlada por Batasuna y que servía para financiar los gastos de toda la izquierda abertzale.