La Fiscalía presenta en el Tribunal Supremo la demanda de ilegalización de PCTV

La Fiscalía ha presentado ante la sala del 61 del Tribunal Supremo la demanda de ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK- PCTV), acompañada de la petición de suspensión cautelar para impedir que concurra a las elecciones generales del próximo 9 de marzo. La demanda, de 200 folios, y acompañada por siete cajas y siete tomos de documentos, ha sido entregada en el registro del Alto Tribunal por el fiscal de sala jefe de lo contencioso-administrativo, Antonio Narváez Rodríguez.

El Ministerio Público también ha pedido, como medida cautelar, la suspensión de la actividad política de EHAK-PCTV, el cierre provisional de su sede y demás inmuebles que esté utilizando y el embargo de sus cuentas bancarias y demás activos.

La petición de ilegalización, según avanzó la semana pasada el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, se ha presentado por la vía del artículo 9 de la Ley de Partidos y en ella se alega como causa principal la contemplada en el apartado F de dicha disposición: la "colaboración habitual con organización que de forma sistemática apoya el terrorismo", en referencia a Batasuna.

La Fiscalía considera que este partido ha sido "instrumentalizado" política y económicamente por la ilegalizada formación y así lo ha hecho constar en la demanda de ilegalización, en la que alega también el abono de las retribuciones de hasta 49 personas vinculadas a Batasuna, entre ellas destacados miembros de la Mesa Nacional, lo que supone una cooperación habitual, además de la cesión del local de este partido en un polígono de San Sebastián para reuniones clandestinas de los miembros de esta formación ilegalizada, entre otras.

Subordinación a las consignas de Batasuna

En su escrito, la Fiscalía alega que "aún más claro, si cabe, es el sentido de sostenimiento y colaboración en lo que concierne a la propia traslación de las consignas políticas de Batasuna, supliendo precisamente una de las carencias más acuciantes del partido clandestino, cual es la de hallar cauces directos de interacción con la sociedad, en particular en el ámbito de la representación institucional".

Según el Ministerio Público, la "evidente subordinación" de la conducta de los representantes del EHAK-PCTV a las consignas de Batasuna no es una mera coincidencia de planteamientos ideológicos, sino "la subordinación de un partido político legal a las consignas y las pautas establecidas por una organización ilegal".

La Fiscalía también destaca la intervención del EHAK-PCTV "en la campaña de rechazo o boicot a las obras del tren de alta velocidad" impulsada por ETA y dice que "la adhesión activa a esa campaña de inequívoco contenido amenazador y violento permite situar la conducta del partido (...) en la esfera del apoyo político, expreso o tácito al terrorismo".

La denominada "caja única"

El texto alude asímismo a la "unidad de acción" entre el EHAK-PCTV, ANV y Batasuna en el plano económico y cita un documento intervenido en la sede del partido demandado en Usurbil (Guipúzcoa) que "describe el sistema de caja única y común para la recepción de ingresos y el abono de gastos que debía constituirse entre todo el entramado de la denominada Izquierda Abertzale".

Añade, además que la gestión de los gastos de los dos partidos legales y de la ilegalizada Batasuna estaba centralizada, de modo que en Usurbil "se guardaban en tres cajas fuertes la contabilidad, la relación de ingresos y gastos e incluso las facturas justificativas de dichos gastos" de las tres formaciones.

Según el fiscal, se ha acreditado que con los ingresos del EHAK-PCTV y de ANV se sufragaban diferentes gastos de dirigentes de Batasuna -como viajes al extranjero- y se abonaron los actos públicos y mítines celebrados por éstos.

La demanda contra ANV será presentada en breve

Dentro de unos días, la Fiscalía presentará también en el Supremo la demanda de ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV). Ambas demandas se basan en los informes policiales entregados el pasado martes al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en los que se constataba la "tutela" económica y política que Batasuna ejerce sobre ANV y el EHAK- PCTV .

"Al día siguiente" de la presentación de las demandas, según anunció Conde-Pumpido, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitará la suspensión cautelar de las actividades tanto de PCTV como de ANV al juez Garzón, que mantiene abierta una causa penal contra varios de sus miembros por presuntos delitos e integración en organización terrorista.