El juez envía a prisión a otro funcionario del Ayuntamiento de Madrid implicado en el cobro de comisiones

El titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, José Santiago Torres, que instruye el 'caso Guateque', ha ordenado hoy el ingreso en prisión provisional de otro de los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, Carmelo García Sánchez, implicado en la presunta red de cobro de comisiones ilegales para la concesión de licencias, según fuentes cercanas a la investigación.

El magistrado ha acordado esta medida, a petición del fiscal adscrito al Juzgado, tras tomarle declaración.

García Sánchez, estuvo imputado en el caso 'Sauna Paraíso', que se remonta a 1995 cuando una sala gay fue precintada por el Ayuntamiento de Madrid por no tener licencia de apertura. Su propietario denunció entonces a varios técnicos municipales por cobrarle grandes sumas de dinero para abrir este local.

El dueño de la sala, Francisco Herrero, conoció al funcionario, entonces delineante del área de Urbanismo del Consistorio, quien se ofreció a mediar ante el Consistorio para resolver los problemas que el primero tenía con las autoridades municipales por la obtención licencia de apertura de una sauna para homosexuales.

A cambio de ello, García exigió el cobro de 3.000 euros en efectivo y posteriormente la misma calidad trimestralmente. No obstante, el dueño de la sala no efectuó ninguna entrega de dinero por considerar que las gestiones que efectuaron los trabajadores eran ineficaces.

Dos en libertad

Además, el juez Torres ha dejado en libertad sin cargos a otros dos imputados, entre ellos a Adrián Luengo Romero, de Urbanismo, después de interrogarles para aclarar su conocimiento de los hechos. Estas mismas fuentes han indicado que estaba previsto que un cuarto imputado compareciera ante él, pero no se ha presentado al Juzgado.

Tras remitirle las actuaciones el juez de guardia, el titular del Juzgado número 32 ratificará este viernes las prisiones acordadas en la madrugada del domingo contra cinco empleados públicos. Se trata de un acto procesal formal en el que el juez escuchará a estas personas para decidir sobre si mantiene o no su situación de prisión.

El magistrado investiga a un total de 35 personas, entre ellas a los 16 funcionarios y al empresario detenidos la pasada semana por su presunta implicación en la trama destapada por la Guardia Civil. Por ello, mañana comparecerán ante Torres otras cuatro personas relacionados con la investigación y las declaraciones, con cuatro por día, se reanudarán el próximo lunes.

Prevaricación, cohecho y tráfico de influencias

Esta última persona se suma así a los cinco imputados que se encuentran ya en prisión, repartidos en las cárceles de Alcalá Meco y Soto del Real, por orden del juez que estaba de guardia este fin de semana, Francisco Javier Teijeiro. Se les acusa de presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias por recibir dinero a cambio de agilizar los trámites para la concesión de licencias.

Estos son Victoriano Ceballos Fernández, jefe de división de impacto y análisis ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Joaquín Fernández de Castro, jefe del departamento de evaluación ambiental de la misma Consejería, Carmen Eulalia Ibáñez Martínez, asesora técnica del departamento de evaluación ambiental, Santiago Castillo Morales, y Antonio Sanz Escribano.

Asimismo, Teijeiro dejó en libertad provisional a Julián López Martínez, Eduardo Agustino Carrasco, Julián Félix Serrano Sierra y Manuel Alvarez de Hoyos. Además, impuso a Mario Mínguez Fernández una fianza de 3.000 euros para eludir la cárcel.

Por su parte, el juez Torres dejó este lunes en libertad sin cargos a otros tres empleados municipales, mientras que impuso una fianza de 3.000 euros a Sara López Moreno, de la Junta del Distrito de San Blás, para eludir la prisión. Esta última tendrá la obligación de comparecer ante este Juzgado los días 10 y 24 de cada mes.

Nuevos imputados declaran ante la Guardia Civil

Mientras tanto, la Guardia Civil se encuentra en estos momentos interrogando a otros diez nuevos imputados que formarían parte de las 35 personas que actualmente están siendo investigadas por el magistrado Torres.

Uno de los presuntos implicados en la red de cobro de comisiones sería Mariano García Ballicher, quien ya ha prestado declaración en las dependencias de la Policía Judicial en calidad de testigo, al haber quedado descartada su participación en los hechos investigados, según confirman fuentes próximas al caso.

Al mismo tiempo, la Guardia Civil está analizando la documentación incautada ayer en los registros practicados en la sede de Urbanismo y en la Junta Municipal de Tetuán, lo que podría desembocar en nuevas detenciones.

Botella y Martínez darán la cara

Por su parte, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz- Gallardón, ha aceptado la petición de la oposición (PSOE e IU) de celebrar un pleno extraordinario en el que comparezcan la delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, y la de Medio Ambiente, Ana Botella, para informar de la trama de corrupción en el Ayuntamiento.

Este pleno extraordinario se celebrará el próximo miércoles, junto con el pleno ordinario del mes y el extraordinario de presupuestos, han informado fuentes municipales.

El alcalde también dio por buena la petición socialista para crear una comisión de investigación municipal sobre la trama de corrupción en el Consistorio, pero no ahora sino "cuando se levante el secreto del sumario, porque de esta forma se da cumplimiento al requerimiento de 'guardar sigilo' que ordena el auto del juez".