Jorge Rodríguez-Zapata (izquierda) y Roberto García-Calvo, magistrados del Tribunal Constitucional pertenecientes al sector conservador y recusados por el Gobierno. /ARCHIVO
bloqueo INSTITUCIONAL

El Constitucional insta al PP a escuchar los argumentos de los supuestos jueces 'contaminados'

El pleno del tribunal se reunió ayer durante más de cuatro horas sin alcanzar ningún acuerdo

MADRID Actualizado: Guardar
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Tras reunirse durante más de cuatro horas en la jornada de ayer sin llegar a ningún acuerdo, el Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado hoy trasladar al Gobierno y al PP un escrito en el que seis magistrados de este órgano niegan haber anticipado su opinión sobre la nueva Ley Orgánica que regula este Alto Tribunal, (LOTC), por lo que no estarían "contaminados" para debatir sobre ella y sobre el recurso presentado por el PP

Entre los seis magistrados que suscriben el escrito se encuentran los tres recusados por el principal partido de la oposición, a quienes el PP atribuye una postura opuesta al recurso que éste interpuso contra la citada norma, un reglamento que contempla, entre otros aspectos, la prórroga del mandato de la actual presidenta, María Emilia Casas.

La finalidad de este trámite es dar audiencia a las partes para que se pronuncien sobre este documento, considerado como elemento relevante a la hora de dirimir los incidentes de recusación planteados por el Partido Popular. Esta decisión permitirá aplazar unos días el debate de fondo de las cinco recusaciones planteada (las tres citadas y las de otros dos magistrados por el Gobierno), que no se acometerá hasta que no se conozca la opinión de las partes.

En una nota de prensa hecha pública a primera hora de esta tarde, el alto tribunal explica que el Pleno ha dictado una providencia relativa a las recusaciones presentadas por el PP en la que se señala que, "previamente a la decisión que proceda, se ha acordado dar vista a las partes de las actuaciones y traslado de varias comunicaciones".

Bloqueo al Constitucional

Contra esta decisión han anunciado voto particular los magistrados Jorge Rodríguez-Zapata y Roberto García-Calvo, los mismos contra los que el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, presentó también un incidente de recusación por considerar que no deberían decidir sobre la LOTC al haberse pronunciado contra su contenido en una carta que enviaron a la presidenta del tribunal María Emilia Casas, el pasado mes de junio.

Los diez magistrados del Tribunal Constitucional que han participado hoy al Pleno son todos los que integran el TC con excepción de la presidenta y del vicepresidente del mismo, María Emilia Casas y Guillermo Jiménez, respectivamente, quienes se abstuvieron de participar en este debate por entender que el contenido de la ley, que regula la prórroga de sus mandatos mientras sigan siendo magistrados, les afectaba directamente.

Los magistrados de tendencia progresista recusados por el PP son Pascual Sala Sánchez, Pablo Pérez Tremps y Manuel Aragón Reyes quienes, según fuentes del alto tribunal, estarán previsiblemente presentes en la discusión sobre la admisión o rechazo de plano de sus propias recusaciones. De otro modo, y a falta del quórum mínimo de ocho magistrados, la situación podría desembocar en el bloqueo del debate.

Falta de quorum

El PP presentó su incidente de recusación contra estos tres magistrados 'progresistas' después de que el Gobierno, a través de la Abogacía General del Estado, recusara a su vez a los magistrados conservadores Roberto García Calvo y Jorge Rodríguez Zapata. Lo justificó en el "interés directo" que los tres mencionados en el pleito al haber tenido "conocimiento del mismo y formado su criterio en detrimento de la debida imparcialidad".

Si las recusaciones del PP se acaban rechazando de plano, como es previsible, cabe la posibilidad de que en una segunda fase se afronten las recusaciones de la Abogacía del Estado, aunque todavía no se conoce si en el debate de este segundo asunto estarán o no ausentes o presentes los magistrados, García Calvo y Rodríguez Zapata.

La razón para justificar las presencias o ausencias de determinados magistrados en estas deliberaciones podría depender de la posibilidad de alcanzar o no el quorum de ocho magistrados necesario para otorgar validez a los acuerdos, dependiendo del número de magistrados recusados que podrían ausentarse en función del punto a debatir.

El estudio conjunto de las recusaciones, que no ha sido aceptado finalmente, hubiera garantizado a la mayoría conservadora el control del Pleno. El eventual bloqueo, que es difícil que ahora se produzca con la discusión por separado de los incidentes, provocaría un retorno a la situación anterior a la petición de recusación, es decir, un Pleno de 10 magistrados presidido por el conservador Conde, que cuenta con el doble voto de calidad.