La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cádiz juzga este miércoles a tres acusados de estafa y apropiación indebida del dinero entregado por cinco familias para la compra de viviendas en una promoción que iban a construir los procesados en El Puerto de Santa María y que supuestamente les iban a entregar en marzo de 2009. La Fiscalía solicita tres años de cárcel para cada uno de ellos y que indemnicen a los perjudicados en las cantidades entregadas.
Según el escrito de calificación fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a finales de 2007, cuando los acusados -un hombre y una mujer hermanos entre sí y el marido de ella- constituyeron una sociedad para construir viviendas y locales en una parcela de la propiedad del tercero.
Así, previa solicitud de licencia, se les autorizó a construir en las dos parcelas que habían resultado de la segregación un bajo como local y un primero con castillete, ya que las normas urbanísticas no permitían mayor edificabilidad. Pese a ello, los acusados optaron por una promoción de seis viviendas denominada 'Residencial Los Frailes'.
De esta manera, comenzaron a ofertar por Internet los términos, condiciones, precios y plazos de entrega de la promoción: un edificio formado por dos bajos, dos primeros y dos áticos. Se da la circunstancia de que la parcela base de la promoción se veía afectaba por una hipoteca por importe superior a los 150.000 euros.
Aunque conocedores de ello, los acusados ocultaron esta cuestión a los posibles compradores, indicándoles que la promotora gozaba de una excelente salud financiera, que no precisaba de la obtención de recursos ajenos a excepción de las cantidades que aquellos les facilitasen a la firma de los contratos, puesto que la parcela sobre la que se edificaría era de su propiedad y disponían de dinero suficiente para finalizar las obras en los plazos y condiciones proyectadas.
Bajo estas premisas, en febrero y marzo de 2008 contactaron con la promotora cinco interesados, firmando los correspondientes contratos y entregando cantidades que sumaban un total de 209.126 euros. Los pisos tendrían que ser entregados en marzo de 2009.
Recoge el escrito del fiscal que las obras comenzaron en junio de 2008, siendo advertidos los compradores de que estaban paralizadas desde septiembre de ese mismo año, y ello pese a las cantidades entregadas a cuenta y que supuestamente se emplearían en la edificación del inmueble.
