Si definimos la política económica como el conjunto de decisiones que adopta el Estado para intervenir en la economía de un país y alcanzar una serie de objetivos propuestos, entre los que se encuentran el crecimiento económico, la estabilidad de los precios y el pleno empleo, lo contrario es predicar con políticas antieconómicas. La UGT una vez más pretende impulsar la jornada de 35 horas. Una medida populista e indeseable, que pretendida para hacerla efectiva en el sector público y empresas concesionarias de servicios públicos, supondría abrir más la brecha entre los derechos de los trabajadores y los empleados públicos.
Otra vez la clase sindical actúa de manera inconsciente, inconsistente, absurda y sin considerar el contexto en el que se desenvuelve nuestra política económica, que no es otro que el mercado europeo y el mercado mundial. Visualizar la cuestión desde la exclusiva óptica del mercado interior, por afectar la medida a los empleados públicos y trabajadores que prestan servicios de manera directa e indirecta para el conjunto de Administraciones públicas, es proponer medidas arbitrarias e injustas, que perjudican a la sociedad en su conjunto, en beneficio de unos pocos. Es sin más, la aplicación de la política económica en las sociedades socialistas, basada en la utilización consientes de las leyes económicas del socialismo, cuya pretensión es la creación de las condiciones para satisfacer las crecientes, incluso infinitas necesidades de la sociedad y de cada uno de sus miembros, al coste que sea. Lo que solo es posible en el corto plazo y en situaciones cercana a la autarquía. Hoy, la vida y el mundo en general, van por derroteros diametralmente opuestos. La internacionalización de la economía y el efecto globalizador, determinan el contexto económico, sin cuya consideración la política económica deviene en errática.
El socialismo francés implantó la jornada laboral de 35 horas en la década de los años 90. Chávez, el Excmo. Sr. de los ERE, lo implantó en la Junta de Andalucía. Quizás por ser al unísono socialista y ugetista. Así que en la Junta de Andalucía y en las empresas concesionarias de servicios públicos, partido y sindicato ofrecieron su cara amable, envuelto en el peor de los populismos. Andalucía a la cola de Europa en todos los indicadores económicos, adopta entonces una medida contraria a la productividad del factor de producción trabajo. La explicación de las diferencias abismales entre el nivel de vida en los países desarrollados y los que no lo son, pude sintetizarse en el concepto 'productividad', lo que exige examinar los numerosos factores que la determinan. Sobre la base de los cuatro factores de la producción, se construye la Función de Producción para describir la relación entre la cantidad de factores utilizados para producir y la cantidad de producción obtenida. Así, a dichos factores le adicionamos la cantidad de trabajo y obtenemos la producción total, que al ser dividida por el coste del trabajo, logramos la producción por trabajador. En esto consiste precisamente la productividad.
35 horas son una vez más, las horas que la UGT pretenden trabajen los empleados públicos, en un gesto de 'humanité y fraternité', que en español se llama golpe de efecto, 'para trabajar esas horas y seguir siendo competitivos'. Lo cual es una entelequia y por lo tanto imposible. Políticamente muy correcto y posiblemente acertado, si el mundo acabase en los confines de las Administraciones públicas. Olvidando que dichos salarios son financiados con los impuestos que pagan los trabajadores, que sí que está sometidos a las diatribas y avatares del mercado de factores de producción.
