Poco más de un mes ha durado la luna de miel del matrimonio de conveniencia que forman Podemos y Ganemos en el Ayuntamiento de Cádiz. La concesión de la Medalla de hermano nato del Nazareno al alcalde, José María González, y la ampliación de las barbacoas del Trofeo Carranza han provocado la primera fisura entre las dos formaciones políticas que gobiernan en coalición en el Ayuntamiento de la capital.
La dirección de Ganemos ha mostrado su malestar con la vinculación de la imagen pública del alcalde con la Iglesia al recibir la distinción de la Cofradía del Nazareno y le recuerda el espíritu laico de su gobierno. De nada han servido las explicaciones que ha dado el regidor gaditano para justificar la concesión de la medalla. Ganemos respeta las opciones religiosas, pero defiende la laicidad de las instituciones públicas.
En cuanto a a la ampliación del terreno para celebrar las barbacoas del Trofeo Carranza, Ganemos llama la atención y advierte de que los temas de ámbito social deben ser consultados de forma previa para emitir un juicio conjunto. Resulta sorprendente que Ganemos haya utilizado un comunicado oficial para publicar su malestar con las acciones que ha llevado a cabo el alcalde y no la haga en el despacho. Ganemos destaca que es necesario que este tipo de decisiones se sometan al veredicto popular en asambleas. Precisamente la celebración de estas asambleas fue lo que dilató varias semanas la formación de un gobierno de coalición en el Ayuntamiento de Cádiz.
Los representantes de Ganemos, deseosos de entrar en el equipo de gobierno de Podemos, convocaron varias reuniones para definir cómo se debía realizar su integración en el equipo de gobierno. Estas asambleas fueron abiertas y a nadie se le pidió un carné de afiliación. Fue en las últimas reuniones cuando se tensó la cuerda con el alcalde y Ganemos exigió la Primera Tenencia de Alcaldía para entrar en el gobierno municipal. Parece que el máximo representante de Ganemos en Cádiz, Martín Vila, está decidido a someter a votación popular todo lo que el gobierno municipal proponga.
Lamentablemente esta opción es inviable porque se demuestra que la toma de decisiones se retrasaría hasta el infinito y más allá, otra cosa es que el alcalde acepte.