El contrato firmado ayer entre Navantia y el grupo vasco Ibaizábal para construir cuatro petroleros en los astilleros públicos ha servido, entre otras cosas, para unir fuerzas y apagar por unos momentos el fuego de los reproches. Por primera vez en varios años, el arco político provincial ha demostrado estar a la altura de las circunstancias y felicitarse por el acuerdo logrado. El vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, fue el primero en reconocer la labor del Gobierno de la nación en esta difícil negoaciación que, finalmente, ha permitido a Navantia lograr un contrato sin precedentes. Desde luego, no ha sido un camino de rosas. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), principal accionista de Navantia, mostró sus dudas desde el primer momento al considerar que el contrato era inviable por la nula rentabilidad económica para los astilleros. Sin embargo, poco a poco se han ido limando aristas y ajustando los números hasta satisfacer los intereses de todas las partes implicadas. El delegado del Gobierno en Andalucía y presidente provincial del PP, Antonio Sanz, reconocía ayer que ha sido muy complicado llegar a la meta. Sanz agradeció sin dobleces el esfuerzo de todos por sacar la obra adelante. El resultado beneficia a la provincia en su conjunto. Cádiz no necesita de los enfrentamientos políticos para salir de su atolladero. Al contrario. Necesita de la unidad para combatir el paro. Este es el mensaje que también ha dado de la presidenta de la Diputación, la socialista Irene García, que se muestra muy satisfecha con el acuerdo, igual que los empresarios gaditanos. La firma del contrato ha provocado una cascada de reacciones pero, por primera vez en varios años, los discursos han sido amables y sin la espita del reproche. Todos debemos aprender la lección para sumar.