La rentabilidad social de los petroleros

La negociación del contrato para construir barcos petroleros en los astilleros de Puerto Real y Ferrol ha destapado una guerra soterrada entre Navantia y la SEPI. La constructora naval apostó desde el primer momento por este contrato con el grupo vasco Ibaizábal, sin embargo, la sociedad que controla a las empresas públicas del país y que vela por los intereses de Navantia, la SEPI, nunca se ha mostrado a favor de este acuerdo, debido a los riesgos económicos que entraña. Este es el contexto en el que se ha desarrollado una negociación clave para la reactivación de los astilleros públicos donde cada uno ha ido por su lado. Navantia ha pilotado el proyecto sin contar con el respaldo de la SEPI y, al final, se han pagado las consecuencias. El contrato, de momento, está en el aire. La dirección de la constructora naval firmó en marzo de este año un borrador de intenciones con el armador del grupo Ibaizábal, Ondimar Transportes Marítimos, para sacar adelante el proyecto. En plena campaña electoral de las municipales Navantia irrumpió en la escena firmando con el armador un preacuerdo. Sin embargo, la euforia se convirtió en incertidumbre el día 30 de junio. Era la fecha señalada por las partes para firmar el contrato definitivo, pero no pudo ser. La financiación de la obra no estaba garantizada y se dejó la ratificación del acuerdo para el 28 de julio. La SEPI decidirá el martes que viene si autoriza o no la obra. Durante estos meses de negociación, Navantia ha tenido tiempo para hacer sus encajes y asegurar la viabilidad de la inversión, pero la SEPI ha ido más allá al elaborar un estudio sobre la rentabilidad económica de este contrato, al que ha calificado de «ruinoso». Parece que el Gobierno de la nación ha mediado en el conflicto entre SEPI y Navantia para primar la rentabilidad social del contrato frente a la económica.