La presentación de la pintoresca lista única -la resonancia con el concepto de 'partido único' es inevitable- encabezada por el ecosocialista Romeva ha servido a sus promotores para enfatizar en todos los tonos que el camino que han emprendido es irreversible y que, si tal lista resulta victoriosa y obtiene la mayoría absoluta de los escaños del parlamento catalán, se producirá la 'desconexión' del Estado y la consiguiente declaración unilateral de independencia.
Aun prescindiendo del inaceptable sectarismo totalitario del planteamiento -no se puede decir impunemente que quien no vote a Mas estará votando contra Cataluña-, es altamente preocupante que el independentismo catalán -el de siempre, personificado en ERC, y el sobrevenido, representado por CiU, con sus flecos de más a la izquierda- haya decidido abandonar la vía democrática e institucional y lanzarse por una senda montaraz que, además de no conducir al objetivo, enfrenta al movimiento con toda la colectividad occidental, lo divorcia definitivamente de la Unión Europea y obliga al Estado a levantar la voz, cuando lo conveniente hubiera sido mantener el proceso en el territorio civilizado de la política.
En los últimos años se han abierto en Occidente hay varios procesos secesionistas. Dos de ellos nos son culturalmente muy cercanos, el de Escocia y el de Québec. Y aunque como es evidente no son comparables entre sí ni con el catalán, ambos coinciden en un punto en común: se desarrollan por sus cauces legales, sin la menor concesión al griterío inorgánico, a la amenaza rupturista o a la violación de la legalidad. En el caso canadiense, además, ha decantado una densa y valiosa jurisprudencia que permite enmarcar estos procesos en la racionalidad política y jurídica, y en términos pueden ser fácilmente exportados porque se adaptan a la sustancia pluralista de nuestros modelos.
Digámoslo claro: una declaración unilateral de independencia sería un acto de violencia política equivalente a un golpe de Estado incruento. Porque una de las características de las constituciones democrática es que son 'abiertas', es decir, incluyen los procedimientos para permitir su propia reforma. Ello es encesario porque, como explicó en sonada ocasión Antonio Garrigues Díaz Cañabate para desautorizar los inmutables Principios Fundamentales del Movimientos que sostenían al franquismo, sólo Dios en el Sinaí dio leyes inmutables a los hombres. En consecuencia, siempre cabe la posibilidad de cambiar las leyes fundamentales, de modificar cualquier aspecto del ordenamiento, dentro de la gran convención constitucional que es el punto de partida, el 'contrato social'. El único requisito es atenerse a los procedimientos establecidos.
Artur Mas y los suyos arguyen que ya han intentado otras vías pacíficas, por lo que sólo les resta la política de hechos consumados. El argumento es totalmente inválido, y no debería ser necesario explicarlo. Lo cierto, en cambio, es que el Estado sí tiene obligación de preservar ese estado de derecho inviolable al que se acogen los ciudadanos, incluso aquellos que no gritan, que no ponen en cuestión el statu quo. Y que son mayoría según el 9N, según todas las encuestas (también las de la Generalitat) y según las más elementales observaciones. Los soberanistas vociferan mucho pero, según todos los recuentos razonables, son minoría. lo cual, a los efectos de este razonamiento, tampoco es importante.
A este paso, la fase previa de las elecciones del 27S -que siguen siendo unas elecciones autonómicas- no tendrá discurso. No se puede debatir en democracia sobre un incumplimiento anunciado de la ley. Por ello, quienes plantean el reto al Estado deberían meditar si actúan noblemente al lanzar a los catalanes a una aventura cuyo final, que ya está claramente escrito, tan sólo puede ser la frustración y la ruptura.
