Los informativos nacionales se hacen ahora eco este verano de una realidad cotidiana en las costas gaditanas: la entrada sin disimulo de cargamentos de droga a bordo de narcolanchas. La impunidad expresada en alijos a plena luz del día y en playas repletas de bañistas.
Los medios insuficientes para frenar al narco son un motivo para este tráfico descarado de la droga. Pero existen otras circunstancias que tampoco favorecen a la lucha contra esta lacra como la escasa capacidad de reinserción que tienen las penas de cárcel para los traficantes. Unas condenas que en muchas ocasiones no se cumplen de manera inmediata y que, por tanto, no alejan al narco de su fuente de ingresos.
Algunos ejemplos recientes pueden servir para explicar por qué estos traficantes que trabajan en la costa gaditana no temen en exceso al peso de la ley; más bien consiguen esquivarla recurriendo a vericuetos legales. El Código Penal como una herramienta más.
Uno de los narcos más mediáticos de los últimos tiempos en la provincia de Cádiz es Iván Odero, el sanluqueño conocido también como el rey de las planeadoras cuya vida recuerda a la del personaje de la película el Niño.
Odero fue condenado la pasada primavera a seis años de cárcel por liderar una banda de traficantes que según la Guardia Civil introdujo toneladas de hachís por la autopista de la droga (el río Guadalquivir) hasta su caída en 2009, en la conocida 'operación Q7'.
El rey de las planeadoras asistió esposado y custodiado por la Policía a las sesiones del juicio celebrado en la Audiencia Provincial. Estaba cumpliendo su primera condena: tres años y nueve meses por desembarcar 3,6 toneladas de hachís en la desembocadura del Guadalquivir, a la altura de Trebujena. Un alijo que ejecutó en 2011, pocos meses después de haber salido en libertad provisional.
El pasado 28 de junio acabó de cumplir esa primera pena y a pesar de la oposición de la Fiscalía Antidroga quedó en libertad como semanas antes había ocurrido con su hermano, también procesado y condenado en los dos mismos casos.
La sentencia dictada en mayo por la Audiencia fue de inmediato recurrida por las defensas, facilitando así un tiempo extra a sus clientes. El Ministerio Público pidió a la Audiencia que mientras el Supremo resuelve, Iván Odero permaneciera en prisión. Pero la Sección Tercera desestimó los argumentos de la fiscal delegada antidroga, Ana Villagómez, alegando que no había riesgo de fuga porque siempre había respondido a los requerimientos judiciales.
Tampoco vio motivos para mantenerlo en prisión, la jueza que acababa de aterrizar en el juzgado de Sanlúcar en 2011, sustituyendo a la instructora de la 'operación Q7'. Fijó una fianza de 15.000 euros en contra del criterio de la Fiscalía. Odero no necesitó mucho esfuerzo para reunir ese dinero.
Según fuentes de la investigación, la Guardia Civil tenía en su poder información que advertía de la actividad del rey de las planeadoras incluso en prisión. Al poco de pisar la calle fue arrestado en dos ocasiones en poco más de un mes. La primera por conducir sin carné, por pérdida de puntos, a 215 kilómetros por hora a bordo de un Lamborghini. Un radar de la autovía A-7, en Algeciras, lo cazó. Fue puesto a disposición judicial y quedó en libertad con cargos.
Después fue sorprendido en la Bahía de Algeciras, donde los agentes sospechaban que había trasladado su centro de operaciones. Al oír el alto de una patrullera, se dio a la fuga. Cuando fue interceptado, la embarcación que pilotaba estaba vacía.
Ese mismo mes de junio, a la medianoche, llevó hasta Trebujena las tres toneladas de hachís en una operación que admitiría en 2014 y por la que le condenaron. Un carrusel de hechos que el sanluqueño cometió estando en libertad provisional. Desde el 28 de junio vuelve a estarlo hasta que el Tribunal Supremo ratifique -si lo hace- la condena de la Audiencia.
Corrupción portuaria
Estos periodos de espera en libertad tampoco han servido para mantener alejados del narcotráfico a dos trabajadores del puerto de Algeciras que fueron condenados en 2014 a 13 y nueve años y medio por facilitar la entrada de cocaína por el gigante portuario mediante el sistema conocido como 'gancho perdido'. La droga viaja en un contenedor que llega a Algeciras en tránsito. Los operarios corruptos deben recogerla desprecintando y volviendo a precintar el contenedor. El último paso es sacar los estupefacientes del muelle y entregarlos al comprador.
José David López y Juan Antonio Amate fueron detenidos en 2009 en la 'operación Espuela'. Una investigación laboriosa de la Guardia Civil que sacó los colores de la Administración porque demostró que había trabajadores que se habían pasado al lado oscuro, allanando el camino a los narcos.
En su día, la Autoridad Portuaria aseguró que se trataba de un caso aislado. Pero este pasado mes de junio una nueva operación policial volvía a señalar a empleados del muelle. En concreto cinco, a los que se vincula con la entrada de más de un centenar de kilos de cocaína. Entre los arrestados y que ahora se encuentran de nuevo en prisión: Juan Antonio Amate y José David López.
Ambos estaban hasta el pasado mes de junio en libertad provisional a la espera de la resolución del 'caso Espuela' ante el Supremo. La Fiscalía antidroga había pedido a la Audiencia que dictara una orden que mantuviera a los condenados alejados del muelle para dificultarles su regreso al otro 'negocio'. En un primer momento fue admitida la petición, señalan desde el Ministerio Público, pero los acusados presentaron sucesivos recursos apelando a su situación económica y a la necesidad de reincorporarse a sus puestos de trabajo. Y al final el tribunal aceptó.
Un año después de que se celebrara el juicio, López y Amate volvían a estar en el disparadero de los investigadores. En esta segunda operación se les acusa de lo mismo por lo que fueron procesados y condenados el año pasado. El primero de ser una suerte de líder dentro del muelle, responsable de reclutar a los trabajadores dispuestos a trabajar para el narco y que podría ganar unos 30.000 euros en cada trabajo. El segundo, de ser un miembro más de la cuadrilla que sacaba la droga de los contenedores. Los dos negaron su implicación cuando declararon ante el juez el mes pasado.
