El Defensor del Menor en Andalucía, Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio dirigida a la Delegación de Bienestar Social y del Mayor del Ayuntamiento de Jerez para «corroborar» la actuaciones realizadas por los servicios sociales municipales para detectar la situación de «riesgo» en la que pudieran haberse encontrado los dos menores que resultaron heridos en el incendio de su vivienda en la que «se encontraban solos».
En el texto de la queja, consultado por Europa Press, el Defensor señala que a través de distintos medios de comunicación ha tenido conocimiento de un incendio que tuvo lugar al mediodía del pasado 30 de junio en una vivienda unifamiliar adosada en la cual se encontraban solos dos hermanos, de 5 y 4 años de edad, respectivamente, «sin que hubiera ninguna persona adulta que se estuviera haciendo cargo de ellos».
Tras producirse el incendio, y según dichas crónicas periodísticas, los menores se refugiaron en la azotea de la vivienda. La Policía saltó a la misma y acompañó a los niños hasta que éstos fueron rescatados por los bomberos, los cuales habían acudido al lugar del siniestro tras la alerta dada por los vecinos.
El fuego afectó por completo al salón, mobiliario y revestimientos, habiendo afectado el humo y el calor al resto de la casa.
Los niños fueron trasladados al Hospital de Jerez porque resultaron afectados por inhalación de humo. Tras permanecer en observación, recibieron el alta.
A juicio de la oficina del Defensor, la situación descrita revela «una posible conducta de riesgo» por parte de la familia responsable de los menores, la cual una vez detectada tras ocurrir el siniestro «habría de propiciar la correspondiente investigación y seguimiento por parte de los servicios sociales municipales a fin de preservar a los menores de dicha situación y actuar en consecuencia a los hechos que se pudieran contrastar».
Por todo lo expuesto, el Defensor explica que se ha incoado, de oficio, un expediente con la finalidad de «corroborar» las actuaciones realizadas por los servicios sociales del municipio «para detectar e intervenir en la situación de riesgo en que pudieran encontrarse los menores» y, en su caso, «la posible propuesta de intervención que se hubiera podido elevar a los servicios de protección de menores de la Junta».
