Hay un nuevo año de plazo por delante, aunque no por ello hay que perder brío. La ciudad encara el que parece que será su empujón definitivo a contar con un PGOU. Así, después de que el PSOE anunciara que introducirá cambios en el documento en vías de aprobación que obligarán a una nueva exposición pública, ayer el secretario general de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana, Rafael Márquez, y el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta, Federico Fernández, mantuvieron una reunión con el alcalde José María Román. Esta primera toma de contacto era para consensuar los criterios para la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística. Así, sirvió para cumplir el compromiso de haber culminado este proceso en el plazo de un año. A la cita acudieron tanto el personal técnico de la Dirección General de Urbanismo y la Delegación territorial, como del Ayuntamiento, así como el equipo redactor del PGOU.
Tras este primer encuentro, los equipos técnicos de ambas administraciones seguirán trabajando de la mano para tramitar al detalle todos los aspectos que se incluirán en el documento. Sobre este encuentro, el delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, declaró que «tras esta primera toma de contacto, el Ayuntamiento tendrá que presentar lo antes posible su nueva propuesta de planeamiento para la ciudad, para que todas las partes podamos cumplir el compromiso de que el trabajo esté hecho en el tiempo récord de un año».
López Gil recalcó que su compromiso, «como lo fue antes con el anterior equipo de gobierno, es dar facilidades, agilidad administrativa y poner a disposición del Ayuntamiento la coordinación y los recursos necesarios para que sea posible que Chiclana cuente con un nuevo PGOU en un año».
El Consejo de Gobierno aprobó el pasado 23 de junio prorrogar durante un año la suspensión parcial de las normas subsidiarias de planeamiento municipal de Chiclana, que fue acordada en 2013 hasta el próximo 27 de junio. Estas normas, aprobadas en 1987, regían tras la anulación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 2003 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Tribunal Supremo. Junto con la suspensión de algunos de sus preceptos, en 2013 también se aprobaron unas normas transitorias que completan el marco regulatorio en tanto se elabora el nuevo PGOU. La prórroga acordada se adoptó a petición del Ayuntamiento de la localidad.
Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y preservar la actividad económica y residencial del municipio, la suspensión sigue haciendo referencia a aquellos ámbitos y contenidos concretos que no encontraron amparo en un planeamiento de hace casi tres décadas, y que son también los que se regulan en las normas sustantivas transitorias.
La medida afecta principalmente a los suelos que reúnen los requisitos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía para ser considerados urbanos; a los urbanizables que no fueron desarrollados y para los que el planeamiento general en elaboración adoptará nuevas determinaciones; a los urbanizables con requerimientos ambientales que exigen su protección, y a aquellos otros donde se han desarrollado dotaciones e infraestructuras previstas en el PGOU anulado pero no incluidas en las normas de 1987.
