La situación de la Justicia en la provincia es preocupante debido a la acumulación de trabajo, que desborda a un personal escaso (sobre todo ahora en verano) y que debe trabajar con la carencia de medios e improvisando los recursos. Cádiz tiene una provincia de parches en la que se buscan soluciones con las que salir al paso, antes de afrontar los problemas con la inversión que requieren.
De esta manera hay espacios judiciales en los que los archivos se deben amontonar en el suelo, ya que precisamente no hay estanterías y cuando se solicitan resulta que ya no hay suficiente espacios para poder ponerlas.
Recientemente los sindicatos han denunciado la situación a la que debe hacer frente los empleados del juzgado de lo mercantil a sus labores en plena ola de calor y sin aire acondicionado. En Arcos ocurrió lo mismo por la falta de una pieza que debe ser sustituida, aunque se ha conseguido lograr que funcione con una reparación que se considera que no es la solución, ya que la pieza debe ser cambiada para que no vuelva a ocurrir fallos en el aire acondicionado.
La plantilla se da de baja por depresión, por estrés y por ansiedad ante la cantidad de expedientes a los que deben hacer frente y cada día entran siempre más. Sin embargo, las bajas no se cubren hasta que no pasan tres meses y no hay refuerzos en verano ante las vacaciones.
Un panorama que se complica aún más en determinadas poblaciones. Es el caso de San Fernando, que cuenta con una sede judicial que no responde a las necesidades ni de los profesionales ni de los usuarios. Es por ello que la Junta ha optado por trasladar el equipamiento a otro edificio en alquiler, cuando desde el año 2008 tiene cedida una parcela municipal para la construcción de este nuevo espacio.
Ayer la secretaria general para la Justicia de la Junta, Mercedes Fernández Ordóñez, presentó el proyecto de este traslado a los abogados y procuradores de la localidad, acto al que también asistió el delegado del Gobierno en Cádiz, Fernando López Gil, y la alcaldesa, Patricia Cavada.
El edificio que albergará los tres juzgados de Primera Instancia e Instrucción que hay en San Fernando, más sus servicios anexos, contará con una superficie de 1.800 metros cuadrados, frente a los 1.038 de la actual sede, que tiene grandes problemas de espacio y unas instalaciones obsoletas.
Y es que incluso se le abrieron expedientes por parte de la Inspección de Trabajo por no cumplir con los requisitos en cuanto a la seguridad y riesgos laborables. Algo que aceleró el proceso y que motivó que la Junta se decidiera a iniciar un concurso para contar con un nuevo espacio. Concurso que quedó desierto en su primera convocatoria y que se tuvo que realizar un nuevo esfuerzo económico para que fuera atractivo.
El contrato de la Consejería de Justicia e Interior contempla el arrendamiento del inmueble de la nueva sede judicial durante un periodo de cuatro años, con un coste global de 618.000 euros. La previsión es que los trabajos de adecuación del edificio comenzarán próximamente, una vez que el Ayuntamiento de San Fernando ha concedido ya la licencia municipal de unas obras que podrían durar tres meses, según el compromiso que ha adquirido la empresa adjudicataria.
Eso sí, la secretaria expuso que esta solución es «provisional porque la apuesta sigue siendo tener una sede judicial propia en la ciudad».
