El Ayuntamiento de Barbate podría volver a adherirse al Servicio de Recaudación de la Diputación tras la espantada del anterior regidor, Rafael Quirós, a dos meses de las elecciones municipales. El alcalde Miguel Molina aseguró ayer, en declaraciones a este medio, que la intención es volver, pero habrá que analizar la situación si resulta posible. El andalucista señaló que «es una de las cuestiones que se están estudiando estos días y sería bueno para la ciudad si se llegara a un acuerdo, siempre y cuando se haga en mejores condiciones».
La localidad se acogió en 2012 a los planes y directrices de esta oficina, dependiente de la institución provincial, que se encarga de gestionar el cobro de impuestos y organizar los pagos. Durante este tiempo, el Consistorio ha podido disponer de liquidez para hacerle frente al funcionamiento de la corporación y los servicios que presta mediante adelantos y pólizas de crédito.
Los problemas comenzaron cuando las aportaciones no llegaban para pagar la nómina de los trabajadores públicos y el exregidor exigió más ayuda. Los permanentes tiras y afloja entre responsables del servicio y el propio José Loaiza, entonces presidente de la Diputación, terminaron en un proceso que se cerró con la ratificación de la salida de Barbate en el Pleno.
El nuevo alcalde hereda una deuda de 400.000 euros que se les concedió en adelantos, según avanzó en su momento el anterior equipo de la corporación provincial. Sin embargo, ahora encuentra un escenario más amable para llegar a un acuerdo, en primer lugar, porque su partido es socio de gobierno durante este mandato y en segundo, porque la presidenta, Irene García, ha planteado una revisión del Servicio de Recaudación que tal vez le permita mejores condiciones para retomar el convenio. Este se venía aplicando en los cuatro ámbitos principales: la recaudación de los impuestos municipales, los convenios de inspección, los acuerdos sobre gestión de multas de tráfico así como la gestión tributaria y catastral. Algunas de estas líneas, como la referida a la gestión de multas que interpone la Policía Local desde dispositivos PDA, quedaron en la práctica invalidadas.
Eso se tratará a principios de la semana que viene cuando está prevista la reunión para abordar este asunto. Molina avanzó que «este asunto será el más importante que se tratará» en esta primera visita a la Diputación provincial de Cádiz. También garantizó que «no se va a aceptar cualquier condición, sino solo aquello que sea bueno para la ciudad». De no llegar a un acuerdo, señaló que «también se estudian otras fórmulas para gestionar el cobro de impuestos y multas y poder garantizar el pago de las nóminas y los servicios.
