El auto del Tribunal Supremo que supone la imputación de los ex presidentes de la Junta, manifiesta abiertamente la existencia de corrupción institucional en la comunidad autónoma más meridional del Estado. Un «Régimen» como el existente aquí, sólo es posible con el concurso de ella. La defensa hecha de manera institucional y por la progresía intelectual que lo apoya, manifiestan que en cualquier caso el «sistema» se erigió para ayudar a los trabajadores, a los necesitados, a los que sufrían las atrocidades de la crisis y muchas más manifestaciones enternecedoras que con toda seguridad le harían llorar. Yo por si acaso saco el pañuelo cuando las leo. A continuación y a modo de justificación, una vez más cargan contra los que a diferencia de ellos, se enriquecieron personalmente de manera corrupta. Se refieren lógicamente a los casos de corrupción conocidos y materializados por desaprensivos delincuentes de derechas. El que atenta contra la Ley, que se atenga a los consecuencias penales. Lo mismo da el que actúa a modo de Robin Hood saltándosela, que el que como consecuencia de su codicia se enriqueció. Si procede según los designios del Código Penal, todos a la cárcel. «Régimen» y populismos van de la mano. El sacrificio de la Ley invocando al pueblo, es la esencia de los populismos, que devienen siempre, sí es que no lo fueron desde el principio, en regímenes de naturaleza totalitarios. Sí a muchos nos estremecieron las declaraciones de la alcaldesa de Barcelona sobre la relatividad del cumplimiento de la Ley, cuando atente a sus intereses y opciones ideológicas, no caigamos en el error de pensar que en España se producía un punto de inflexión al respecto. El auto del Juez Instructor del Tribunal Supremo, justifica lo que digo. La descripción de lo acontecido en el llamado caso ERE, supone relacionar de manera directa populismo y corrupción institucional. En el caso de autos, la corrupción no sólo es referida a las personas, sino que comprende a las propias instituciones. Los daños que se derivan trasciende del daño que la corrupción como tal puede producir al erario público, en cuanto que deja herido de muerte al sistema institucional.
El entramado construido desde el año 2001 indican un cambio sustancial en los procedimientos de otorgamiento de subvenciones públicas. Hasta 2000 las ayudas socio laborales a empresas, se tramitaban como subvenciones, lo que exigía adecuarse a los principios de publicidad, libre concurrencia, objetividad, legalidad y fiscalización previa. Dado que este modelo legal, podía resquebrajar la «convivencia» en tan apacible tierra, se ideó un sistema para «garantizar la paz social». Para establecer un sistema de ayudas que pudieran ser manejadas a su antojo y de manera arbitraria, se optó por un sistema de concesión de subvenciones manifiestamente arbitrario, pero ocultándolo. Para ello se adoptó la fórmula de la transferencia de financiación, en un claro intento de vestir formalmente el procedimiento, a todas luces ilegal. La consejería de Empleo decidía la concesión y la Agencia pública de la Junta abonaba las cantidades. Y mientras tanto, el Interventor General en sus informes de auditorías, advirtiendo la concesión de subvenciones con infracción de legalidad. No practicó sin embargo el llamado informe de actuación, que hubiera supuesto con toda seguridad elevarlo al fiscal y supongo que dimitir de no haber sido cesado antes. Es lo malo de tanto nombramiento discrecional como es el del caso, pero que en la Junta llegan hasta el cuarto nivel funcionarial. Lo que imposibilita una Administración que de verdad sirva a los intereses generales. Otra conculcación flagrante del artículo 103 de la Constitución y al artículo 31 del Estatuto de Autonomía que proclama el derecho a la buena administración. Buena culpa de todo ello lo tienen sin dudas, las Leyes andaluzas 9/2007 y 15/2014, de racionalización del sector público y otras medidas de reformas administrativas.
